La administración de Javier Milei oficializó la eliminación de compensaciones económicas destinadas a cubrir pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. La medida generó fuertes críticas de organizaciones sociales y sectores vinculados a la salud y la discapacidad.
El Gobierno nacional oficializó este martes la eliminación del régimen de compensaciones económicas que subsidiaba parcialmente los pasajes gratuitos de larga distancia destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niños, niñas y adolescentes con cáncer. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y se enmarca dentro del proceso de desregulación impulsado por la gestión de Javier Milei.
Hasta ahora, el Estado nacional compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor interjurisdiccional por los boletos gratuitos otorgados a estos sectores vulnerables. El sistema permitía que personas con Certificado Único de Discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y menores con enfermedades oncológicas pudieran acceder a viajes sin costo en colectivos de larga distancia tras realizar los trámites correspondientes.
Según argumentó el Gobierno en la resolución oficial, el nuevo esquema de desregulación del transporte vuelve “innecesaria” la asistencia estatal debido a que actualmente las empresas pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”. Desde la Secretaría de Transporte sostienen que el mercado debe funcionar sin subsidios y que las compañías cuentan ahora con mayor autonomía comercial.
Sin embargo, la medida despertó fuertes cuestionamientos por el impacto que podría generar sobre personas en situación de vulnerabilidad. Organizaciones vinculadas a discapacidad y salud advirtieron que muchas empresas podrían empezar a restringir la entrega de pasajes gratuitos debido a que ya no recibirán compensaciones económicas por parte del Estado. También señalaron que el costo operativo recaerá completamente sobre las compañías privadas, algo que podría traducirse en menores cupos o mayores dificultades para acceder a los boletos.
El Gobierno intentó aclarar que “no se elimina el derecho a la gratuidad” y que los beneficiarios podrán seguir solicitando pasajes gratuitos como hasta ahora. Sin embargo, especialistas remarcan que el problema central pasa por el financiamiento del sistema, ya que el Estado dejará de cubrir parte del costo que implicaba garantizar esos traslados. En la práctica, distintos sectores temen que comiencen a multiplicarse conflictos administrativos y rechazos de solicitudes por parte de las empresas transportistas.
La resolución se suma a otras medidas de ajuste y desregulación aplicadas por la administración libertaria sobre áreas sensibles del gasto público. Durante los últimos meses, organizaciones de discapacidad ya habían denunciado recortes en prestaciones, demoras en pagos a transportistas especializados y dificultades para sostener tratamientos médicos y educativos. El nuevo esquema profundizó todavía más la preocupación dentro del sector.
En paralelo, referentes opositores y asociaciones civiles cuestionaron el enfoque económico detrás de la decisión. Consideran que el retiro del Estado en este tipo de políticas públicas afecta directamente derechos básicos vinculados al acceso a la salud, la movilidad y la inclusión social. También remarcaron que muchos pacientes deben viajar largas distancias para recibir tratamientos médicos especializados, especialmente en provincias donde la atención de alta complejidad está concentrada en grandes centros urbanos.
Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y ya anticipa nuevos reclamos judiciales y administrativos. Distintas organizaciones analizan presentar medidas cautelares para garantizar el acceso efectivo a los pasajes gratuitos y evitar que la eliminación de subsidios derive en restricciones concretas para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La discusión vuelve a instalar el debate sobre el alcance del ajuste estatal y el rol del Estado en la protección de sectores vulnerables.
Fuente: Cba24n
