El gobierno de Rogelio Frigerio envió a la Legislatura un proyecto de reforma previsional que incluye cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial. La iniciativa contempla el aumento gradual de la edad de retiro, modificaciones en el cálculo de haberes y aportes extraordinarios para salarios altos, generando fuerte rechazo sindical.
El gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente un proyecto de reforma previsional que promete abrir un fuerte debate político y sindical en la provincia. La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, busca modificar de manera estructural el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, en medio de advertencias oficiales sobre el creciente déficit del sistema previsional.
Uno de los cambios centrales del proyecto es el aumento gradual de la edad jubilatoria. Actualmente, la administración pública provincial establece la jubilación a los 57 años para mujeres y 62 para hombres. Con la reforma, ambos pasarían progresivamente a jubilarse a los 65 años con 35 años de aportes. Además, quienes ingresen al sistema previsional después de aprobada la ley deberán retirarse recién a los 68 años. El esquema comenzaría a implementarse plenamente a partir de 2031 para evitar impactos inmediatos sobre quienes están próximos a jubilarse.
Otro de los puntos más sensibles gira en torno al cálculo de los haberes jubilatorios. Aunque el Gobierno asegura que se mantendrá el 82% móvil sobre el salario bruto, el proyecto modifica la base utilizada para calcular el beneficio inicial. Actualmente se toman períodos más cortos o cercanos al retiro, mientras que la nueva propuesta establece un promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales, es decir, los últimos 20 años de aportes. Desde distintos sectores advierten que esto podría reducir considerablemente los haberes futuros.
La iniciativa también incorpora un aporte extraordinario transitorio para trabajadores estatales con salarios superiores a los 3 millones de pesos. Ese aporte adicional será progresivo y oscilará entre el 1% y el 8% según el nivel de ingresos. A su vez, se establece un incremento del 3% en los aportes patronales mientras dure la emergencia previsional que el Ejecutivo pretende declarar hasta fines de 2027.
En relación con los regímenes especiales, como los de docentes, penitenciarios o trabajadores de radiología, el proyecto no elimina la posibilidad de jubilaciones anticipadas. Sin embargo, quienes accedan a esos beneficios deberán continuar realizando aportes previsionales hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación común. La medida fue interpretada por los gremios como un recorte indirecto sobre derechos históricos del sector público provincial.
Desde el Ejecutivo entrerriano justificaron la reforma señalando que el sistema previsional provincial atraviesa una situación crítica. Según datos oficiales, actualmente existen menos de dos trabajadores activos por cada jubilado, una relación considerada insuficiente para sostener financieramente la Caja. Además, remarcaron que en los últimos años creció significativamente la cantidad de beneficiarios mientras el número de aportantes aumentó a un ritmo mucho menor.
Las organizaciones sindicales reaccionaron con dureza frente al proyecto. Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), ATE y la Asociación Judiciales de Entre Ríos denunciaron que la iniciativa representa un “ajuste” sobre trabajadores y jubilados. También cuestionaron la posibilidad de que el Gobierno pueda avanzar en nuevos aportes “solidarios” y advirtieron sobre una pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales.
Ahora el proyecto comenzará su tratamiento legislativo en un contexto de fuerte tensión política y sindical. La discusión promete convertirse en uno de los debates más importantes del año en Entre Ríos, especialmente porque la iniciativa aparece alineada con las discusiones nacionales sobre una futura reforma previsional impulsada desde sectores cercanos al Gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, gremios estatales ya anticiparon movilizaciones y medidas de fuerza para intentar frenar el avance de la propuesta.
Fuente: El Destape
