Nuevas investigaciones judiciales y recientes condenas volvieron a poner el foco sobre uno de los mecanismos más atroces del terrorismo de Estado en Argentina: los denominados “vuelos de la muerte”. A casi cinco décadas del inicio de la última dictadura militar, la Justicia continúa avanzando para esclarecer responsabilidades y reconstruir cómo funcionó el sistema clandestino de exterminio utilizado para desaparecer personas detenidas ilegalmente.
La Justicia argentina volvió a avanzar durante las últimas semanas en causas vinculadas a los llamados “vuelos de la muerte”, una de las prácticas más brutales implementadas durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Las investigaciones buscan profundizar el conocimiento sobre la fase final del plan sistemático de desaparición forzada de personas y determinar nuevas responsabilidades dentro de las fuerzas represivas.
Los “vuelos de la muerte” consistían en arrojar personas secuestradas y aún con vida desde aviones militares hacia el Río de la Plata o el mar, con el objetivo de eliminar cuerpos y borrar pruebas de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Las víctimas eran previamente sedadas y trasladadas desde centros clandestinos de detención bajo la falsa promesa de un “traslado” hacia otra prisión.
En los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas a prisión perpetua contra tres exgendarmes acusados de participar en este tipo de operativos clandestinos, en una decisión considerada histórica por organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos.
Las nuevas investigaciones apuntan especialmente a reconstruir circuitos operativos, identificar pilotos, tripulaciones y cadenas de mando involucradas en estos vuelos clandestinos. También se busca esclarecer cómo se organizaba el traslado de detenidos desde centros de tortura hasta las bases aéreas utilizadas para los operativos.
Los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en Argentina durante las últimas décadas permitieron reunir numerosos testimonios, documentos y pruebas sobre el funcionamiento de los vuelos de la muerte, especialmente en causas vinculadas a la ESMA, Campo de Mayo y otras estructuras represivas de la dictadura.
Organismos de derechos humanos sostienen que todavía quedan aspectos fundamentales por esclarecer, especialmente sobre el destino final de cientos de personas desaparecidas y el rol de distintos sectores militares y de seguridad en la ejecución del plan represivo.
El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense también resultó clave para reconstruir parte de estos crímenes. Durante años, especialistas lograron identificar restos de víctimas que aparecieron en costas argentinas y uruguayas tras ser arrojadas desde aeronaves militares.
Las investigaciones sobre los vuelos de la muerte forman parte de los procesos de memoria, verdad y justicia desarrollados en Argentina desde el retorno de la democracia. Distintos organismos internacionales reconocieron estos juicios como un antecedente histórico en materia de derechos humanos y persecución de crímenes de lesa humanidad.
En paralelo, organizaciones sociales y referentes de derechos humanos continúan reclamando que el Estado mantenga activas las políticas de memoria y preserve archivos, pruebas y espacios vinculados al terrorismo de Estado, especialmente en un contexto donde crecieron discursos negacionistas y relativizaciones sobre los crímenes de la dictadura.
A casi cincuenta años del golpe militar de 1976, la continuidad de estas investigaciones judiciales vuelve a reflejar el esfuerzo sostenido por reconstruir la verdad histórica y garantizar justicia para las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.
