La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó una fuerte preocupación por la reforma al Régimen de Zona Fría y advirtió que los cambios podrían provocar tarifazos imposibles de afrontar para familias, comercios e industrias patagónicas.
La tensión por las tarifas energéticas volvió a escalar en el sur del país. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, lanzó una dura advertencia contra las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría y alertó sobre el impacto económico y social que podrían generar en toda la región.
El reclamo reúne a entidades empresarias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que denuncian que la reforma amenaza con romper un esquema histórico de compensación construido para equilibrar las enormes asimetrías climáticas y geográficas que enfrenta la Patagonia.
“La energía no es un lujo, es una necesidad”
Desde CAME sostienen que la Patagonia tiene características únicas que hacen imposible comparar su consumo energético con el de otras regiones del país.
Las bajas temperaturas se extienden durante ocho o nueve meses al año y convierten al gas en un servicio esencial para hogares, comercios, industrias y actividades productivas.
En ese contexto, reducir subsidios o modificar el esquema de compensación implica trasladar costos imposibles de absorber para miles de usuarios.
Qué cambia y por qué preocupa
El principal punto de conflicto es que la reforma limitaría el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo.
Eso significa que:
- transporte,
- distribución,
- impuestos,
- y otros costos tarifarios
quedarían fuera del esquema compensatorio.
Según las entidades empresarias, esto provocaría aumentos muy fuertes en las boletas de gas tanto para usuarios residenciales como comerciales.
Impacto directo en las pymes
La preocupación más fuerte aparece en el sector productivo.
Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya atraviesan un escenario delicado:
- caída del consumo,
- retracción económica,
- aumento de costos operativos,
- y dificultades financieras.
En ese contexto, sumar un nuevo incremento energético podría acelerar cierres, despidos y pérdida de actividad económica regional.
Desde el Bloque Patagónico advierten que el impacto no será solo sobre las empresas, sino también sobre el empleo y el mercado interno.
El temor a una nueva ola de tarifazos
Las proyecciones elaboradas por organismos técnicos y cámaras empresarias estiman subas significativas en las facturas.
En muchos casos, los incrementos podrían superar ampliamente la capacidad de pago de familias y comercios, especialmente en ciudades donde el gas es indispensable gran parte del año.
Por eso, el reclamo ya no se plantea únicamente en términos económicos:
se presenta como un problema social y federal.
“No pedimos privilegios”
Uno de los conceptos más fuertes del comunicado apunta a desmontar la idea de que el régimen representa un beneficio injustificado.
“La Patagonia no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas”, remarcaron las entidades.
La frase busca instalar un argumento político clave:
el costo energético en el sur no puede analizarse con la misma lógica que en regiones con climas mucho más benignos.
Más que tarifas: un modelo de país
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica en Argentina:
cómo equilibrar las diferencias estructurales entre regiones.
Mientras el Gobierno busca reducir subsidios y avanzar en el ajuste fiscal, desde la Patagonia advierten que aplicar criterios uniformes en territorios desiguales puede profundizar aún más las inequidades.
Cuando en la Patagonia se habla de gas, no se habla de comodidad… se habla de supervivencia.
El problema no es solamente cuánto cuesta la energía.
La discusión de fondo es otra:
si un país tan desigual puede sostener las mismas reglas para todos…
sin ignorar las diferencias de quienes viven y producen en el extremo sur argentino.
Fuente: CAME
