El gobierno de quedó envuelto en una fuerte controversia tras firmar un acuerdo militar con Estados Unidos que habilita durante cinco años el patrullaje y monitoreo del Mar Argentino Sur por parte de fuerzas vinculadas a la Armada norteamericana. La decisión generó críticas por considerar que implica una cesión de soberanía sobre un área estratégica para el país.
El convenio no fue anunciado por la Casa Rosada ni por el Ministerio de Defensa argentino, sino directamente por el, organismo del Departamento de Defensa estadounidense encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe. El dato alimentó las críticas opositoras sobre la relación asimétrica entre ambos gobiernos y el alineamiento automático de Milei con Washington.
El programa fue presentado bajo el nombre de “Protección de los Bienes Comunes Globales”, una definición que despertó especial rechazo porque el propio Comando Sur describió al Atlántico Sur como un “bien común global”, relativizando el carácter soberano del Mar Argentino y de una región atravesada por disputas geopolíticas, recursos estratégicos y la cuestión Malvinas donde persiste la ocupación militar británica.
La Carta de Intención fue firmada por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense, junto al almirante Juan Carlos Romay por la Armada Argentina. Según Washington, el objetivo será “fortalecer la seguridad regional” y combatir amenazas marítimas mediante intercambio tecnológico, asistencia operativa y entrenamiento militar.
La primera etapa contempla la entrega de equipamiento de vigilancia para aeronaves argentinas, aunque el plan prevé una creciente participación estadounidense a través de tecnología, capacitación y tareas de control marítimo en el Atlántico Sur.
¿Que son los global commons?
El termino tiene su origen en el derecho anglosajón bajo cuyo significado histórico remitía a las tierras y recursos de usufructo comunal, pero que en las últimas décadas se ha tornado más dinámico en cuanto a su alcance incluyendo a espacios sujetos a una débil jurisdicción estatal como así también a aquellos donde la misma es inexistente, pasando de esta manera a formar parte de las agendas de seguridad de las potencias de la angloesfera que se atribuyen para si mismas la necesidad de “protegerlos y controlarlos”.
Críticas por “entrega de soberanía”
Desde distintos sectores políticos advirtieron que el acuerdo representa una avanzada extranjera sobre una zona estratégica bajo jurisdicción argentina. Uno de los primeros en cuestionarlo fue el ministro bonaerense, quien rechazó que el Mar Argentino pueda ser catalogado como un espacio internacional.
“El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”, expresó el funcionario, quien además acusó al gobierno nacional de convertir el Atlántico Sur en un área de entrenamiento y monitoreo para potencias extranjeras.
Bianco vinculó además la firma del acuerdo con el avance de intereses petroleros sobre las Islas Malvinas. Ese mismo día, la petrolera canadiense anunció su incorporación al consorcio integrado por la israelí y la británica, que planea explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a partir de 2028.
Para sectores opositores, mientras empresas extranjeras avanzan sobre recursos estratégicos en torno a Malvinas, el gobierno argentino profundiza acuerdos militares con Estados Unidos sin impulsar acciones diplomáticas firmes contra la explotación petrolera en territorio en disputa.
Un alineamiento militar cada vez más profundo
El acuerdo firmado ahora aparece como un nuevo eslabón en la creciente cercanía entre la administración Milei y las Fuerzas Armadas estadounidenses. En abril, el presidente visitó el portaaviones frente a las costas de Mar del Plata durante ejercicios conjuntos organizados por el Comando Sur.
La relación con Washington también incluyó reuniones con la exjefa del Comando Sur, y posteriormente con su sucesor, con quien el gobierno coordinó despliegues militares regionales y ejercicios conjuntos, además en dichos encuentros quedó patente el interés de Washington por tutelar las infraestructuras estratégicas del país como la base naval conjunta de Ushuaia.
En octubre de 2025, Milei autorizó además el ingreso de tropas estadounidenses en mediante decreto, evitando el tratamiento legislativo requerido por la normativa vigente para ejercicios militares extranjeros, a lo que se suma diversos acuerdos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa entre ellos con la polémica empresa Palantir señalada por ser un tentáculo de la CIA.
“Atlántico Sur” o “Mar Argentino”: la disputa por el sentido
La polémica también dejó expuesta una discusión geopolítica de fondo. Mientras Washington habla de “Atlántico Sur” y de “bienes comunes globales”, los críticos remarcan que se trata concretamente del, un espacio bajo soberanía nacional y parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La diferencia no es solamente semántica. Para especialistas y dirigentes opositores, definir la región como un “espacio global” diluye la jurisdicción argentina y legitima la intervención de potencias extranjeras sobre un territorio estratégico por sus recursos pesqueros, energéticos y su cercanía con las Islas Malvinas, el cruce bioceánico en el estrecho de Magallanes y la Antártida.
En ese contexto, el acuerdo firmado por Milei reavivó el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región y sobre los límites del alineamiento argentino con Washington en materia de defensa y soberanía.
Fuente: Primereando las noticias
