Un informe económico alertó sobre el fuerte impacto fiscal que podría generar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según estimaciones privadas, los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios contemplados en el programa representarían una pérdida de ingresos para el Estado superior a los 2.300 millones de dólares por año.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas económicas del gobierno de Javier Milei, volvió a quedar en el centro del debate luego de que un informe advirtiera que su costo fiscal podría alcanzar los 2.300 millones de dólares anuales para el Estado argentino.
El estudio, citado por El Destape, analiza el impacto que tendrían las exenciones impositivas, beneficios aduaneros y ventajas cambiarias previstas dentro del régimen destinado a atraer grandes inversiones extranjeras y nacionales. Según el informe, el esquema podría generar una importante pérdida de recursos fiscales en los próximos años.
El RIGI forma parte central de la denominada Ley Bases impulsada por el oficialismo y busca incentivar proyectos de gran escala vinculados principalmente a minería, energía, petróleo, gas e infraestructura. Entre los beneficios otorgados aparecen estabilidad fiscal por treinta años, reducción de impuestos y facilidades para el giro de divisas al exterior.
Desde el Gobierno sostienen que el programa es fundamental para atraer inversiones internacionales que permitan generar empleo, aumentar exportaciones y fortalecer las reservas del Banco Central. Funcionarios nacionales remarcan especialmente el interés de empresas vinculadas al litio, cobre, petróleo y gas en distintos proyectos radicados en Argentina.
Sin embargo, distintos economistas y especialistas cuestionan el fuerte nivel de beneficios concedidos a grandes compañías. El informe citado advierte que el costo fiscal anual podría superar ampliamente los ingresos que el Estado dejaría de percibir actualmente por otros programas de promoción económica.
Además del impacto sobre la recaudación, algunos sectores políticos y empresariales también plantean preocupaciones vinculadas a la competencia desigual que podría generarse entre grandes corporaciones beneficiadas por el régimen y empresas nacionales de menor escala que no accederían a condiciones similares.
Las críticas al RIGI también aparecen asociadas al debate sobre soberanía económica y control de recursos estratégicos. Diversos dirigentes opositores sostienen que el esquema otorga ventajas excesivas a capitales extranjeros y limita herramientas futuras del Estado para regular sectores clave de la economía argentina.
En paralelo, el oficialismo continúa defendiendo el programa como una herramienta imprescindible para revertir la falta histórica de inversiones de gran magnitud. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró recientemente que existe un “interés histórico” de empresas internacionales por invertir en el país gracias a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.
Mientras tanto, el debate sobre el verdadero impacto económico del RIGI continúa creciendo tanto en el ámbito político como empresarial. Para el oficialismo representa una oportunidad de transformación productiva y llegada de dólares; para sus críticos, implica un costo fiscal enorme y una cesión excesiva de beneficios a grandes grupos económicos.
La discusión promete seguir ocupando un lugar central en la agenda económica argentina, especialmente en un contexto marcado por ajuste fiscal, caída de recursos estatales y fuertes tensiones sobre el financiamiento de áreas sensibles como salud, educación y políticas sociales.
Fuente: El Destape
