La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas suma un nuevo capítulo. Los gremios docentes universitarios convocaron a otra semana completa de paro nacional en reclamo de mejoras salariales, financiamiento y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida profundiza el conflicto educativo que atraviesa todo el país.
Los sindicatos docentes universitarios nucleados en la CONADU confirmaron una nueva semana de paro nacional en universidades públicas de todo el país como parte del plan de lucha contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se realizará entre el 25 y el 31 de mayo y afectará el normal dictado de clases en numerosas casas de estudio.
El reclamo central apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la fuerte pérdida salarial acumulada por docentes y trabajadores universitarios desde diciembre de 2023. Según denuncian los gremios, los salarios del sector quedaron muy por debajo de la inflación y las negociaciones paritarias continúan prácticamente paralizadas.
La decisión fue tomada durante un plenario nacional de secretarios gremiales de CONADU, donde se resolvió profundizar las medidas de fuerza luego de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada días atrás en distintas ciudades argentinas. En Córdoba, Buenos Aires, La Plata y otras provincias se registraron movilizaciones multitudinarias en defensa de la universidad pública.
Los sindicatos sostienen que el sistema universitario atraviesa una situación crítica producto del recorte presupuestario y la falta de actualización salarial. Diversos informes universitarios advierten que los salarios docentes se encuentran en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas y que muchas universidades enfrentan serias dificultades para sostener gastos básicos de funcionamiento.
En Córdoba, el conflicto también tiene fuerte impacto dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, donde el gremio docente ADIUC confirmó su adhesión al paro nacional. La organización sindical viene participando activamente de las movilizaciones y reclama una recomposición salarial urgente junto con garantías presupuestarias para sostener actividades académicas y científicas.
El Gobierno nacional, por su parte, mantiene su postura vinculada al equilibrio fiscal y sostiene que no existen recursos suficientes para aplicar plenamente la ley de financiamiento votada por el Congreso. Desde la Casa Rosada argumentan que cualquier ampliación presupuestaria pondría en riesgo la política de déficit cero impulsada por el Ministerio de Economía.
La disputa ya comenzó además a trasladarse al plano judicial. Distintas universidades y sectores gremiales realizaron presentaciones ante la Justicia reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionando decretos del Poder Ejecutivo que suspendieron su implementación. Incluso la Corte Suprema podría intervenir en el conflicto durante los próximos meses.
Mientras tanto, docentes, estudiantes y autoridades universitarias advierten que el conflicto amenaza con profundizarse si no aparecen respuestas oficiales. El nuevo paro nacional vuelve a instalar a la universidad pública en el centro del debate político argentino y anticipa semanas de alta tensión entre el sistema educativo y el Gobierno nacional.
Fuente: El Destape
