Un fallo judicial volvió a poner bajo presión al Gobierno nacional tras ordenar respuestas urgentes por la interrupción y demora en prestaciones de PAMI destinadas a personas con discapacidad en Córdoba. La medida judicial exige garantizar tratamientos, medicamentos y servicios esenciales para cientos de afiliados afectados.
La Justicia Federal de Córdoba intimó al Gobierno nacional y al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para que regularicen prestaciones destinadas a personas con discapacidad que se encontraban demoradas, interrumpidas o directamente suspendidas. La resolución judicial surgió tras múltiples reclamos presentados por familias, instituciones y prestadores que denunciaron graves complicaciones en la atención de pacientes vulnerables.
El conflicto involucra tratamientos médicos, terapias de rehabilitación, acompañamientos terapéuticos, transporte especial y distintos servicios considerados fundamentales para la calidad de vida de personas con discapacidad. Según denunciaron organizaciones cordobesas, muchas prestaciones comenzaron a sufrir retrasos administrativos y problemas de financiamiento durante los últimos meses.
La resolución judicial exige respuestas concretas y plazos inmediatos para garantizar la continuidad de los servicios. El fallo sostiene que se encuentran comprometidos derechos esenciales vinculados a la salud, la dignidad y la protección integral de personas con discapacidad, especialmente adultos mayores afiliados a PAMI que dependen completamente de esos tratamientos.
Desde distintos sectores vinculados a discapacidad advirtieron que la situación se volvió crítica en Córdoba debido al atraso en pagos a profesionales e instituciones. Muchos centros terapéuticos comenzaron a trabajar con fuertes dificultades económicas e incluso algunos prestadores amenazaron con suspender servicios ante la imposibilidad de sostener costos operativos.
La problemática también afecta directamente a las familias, que denuncian incertidumbre permanente, interrupciones de tratamientos y dificultades burocráticas para acceder a autorizaciones. Diversos testimonios reflejan que algunos pacientes debieron reducir terapias o enfrentar importantes gastos particulares para no perder atención médica especializada.
Organizaciones sociales y referentes del área discapacidad cuestionaron además las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional en distintos organismos vinculados a salud y asistencia social. Sostienen que las demoras en prestaciones no representan casos aislados sino parte de un deterioro general del sistema de cobertura y financiamiento.
En Córdoba, el tema ya había generado distintas movilizaciones y presentaciones judiciales durante los últimos meses. Prestadores y familias vienen reclamando soluciones urgentes ante el temor de que la situación continúe agravándose y termine afectando tratamientos irreversibles, especialmente en niños y personas con discapacidad severa.
Desde PAMI todavía no hubo una respuesta pública extensa sobre la intimación judicial, aunque trascendió que el organismo trabaja en revisiones administrativas y reorganización presupuestaria. Sin embargo, la presión judicial aumenta y ahora el Gobierno deberá responder formalmente ante la Justicia respecto a la continuidad efectiva de las prestaciones reclamadas.
La resolución vuelve a instalar el debate sobre el impacto social de los recortes presupuestarios y la situación del sistema de salud y asistencia en Argentina. Mientras tanto, cientos de familias cordobesas esperan que el fallo judicial permita garantizar tratamientos esenciales y evitar nuevas interrupciones en la atención de personas con discapacidad.
Fuente: CBA24N
