La empresa Alijor, propietaria de la reconocida marca La Salteña, enfrenta una delicada situación financiera marcada por atrasos salariales, conflictos gremiales y riesgo de colapso operativo. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación denunció pagos parciales desde 2024 y advirtió que cientos de empleos podrían perderse si no aparece una solución urgente.
La crisis de la empresa alimenticia Alijor volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) denunciara públicamente la grave situación económica que atraviesa la firma propietaria de la marca La Salteña. Según informó el gremio, los trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Garín vienen cobrando sus salarios de manera parcial y fuera de término desde finales de 2024, en un contexto de creciente incertidumbre laboral y deterioro financiero. La situación afecta directamente a unas 180 familias que dependen de la actividad de la empresa.
Desde el sindicato responsabilizaron directamente a la conducción empresaria por el estado actual de la compañía y sostuvieron que la crisis no puede explicarse únicamente por el contexto económico nacional. En un duro comunicado, el STIA aseguró que la situación es consecuencia de “años de desinversión y malas decisiones de gestión” que nunca fueron corregidas. Aunque reconocieron el impacto de la caída del consumo, la devaluación y el ajuste sobre la industria alimenticia, remarcaron que Alijor produce bienes de consumo masivo con demanda estable, por lo que consideran que existieron graves errores internos en materia financiera, comercial y operativa.
La empresa, dueña de una de las marcas más reconocidas del mercado argentino de tapas para empanadas, tartas y pastas frescas, arrastra desde hace años distintos conflictos laborales y problemas económicos. El deterioro quedó reflejado también en la reducción de personal: hace aproximadamente una década, la planta de Garín contaba con más de 320 trabajadores, mientras que actualmente la dotación se redujo prácticamente a la mitad. Para el gremio, esa caída evidencia un proceso progresivo de achicamiento que nunca logró revertirse.
Las tensiones entre la empresa y los trabajadores se intensificaron especialmente durante los últimos dos años. En noviembre de 2023 hubo un paro de siete días debido a atrasos salariales, mientras que en diciembre de 2024 se desarrolló una huelga de casi dos semanas luego de que la firma abonara haberes en cuotas. Posteriormente, en enero de 2025, los trabajadores realizaron un nuevo cese de actividades por incumplimientos vinculados al pago de salarios, aguinaldos y vacaciones. Según denunció el sindicato, durante uno de esos conflictos incluso existieron amenazas de cierre definitivo de la planta.
Actualmente el STIA sostiene que las vías administrativas tradicionales se encuentran prácticamente agotadas. De acuerdo con lo informado por el gremio, ya se realizaron cerca de veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo sin resultados concretos que permitan destrabar el conflicto. “Esa realidad no se resuelve con excusas administrativas”, señalaron desde el Consejo Directivo sindical, al tiempo que reclamaron una intervención más activa del Estado para garantizar la continuidad laboral y el pago total de los salarios adeudados.
En medio de este escenario crítico, comenzaron a analizarse distintas alternativas para evitar el colapso definitivo de la compañía. Entre las opciones que se mencionan aparece la posibilidad de una venta de la firma o el ingreso de nuevos inversores que aporten capital y una nueva conducción empresarial. Desde el sindicato consideran que la continuidad productiva sólo podrá garantizarse mediante un cambio profundo en la administración y remarcaron que no aceptarán despidos ni retiros encubiertos como salida a la crisis.
El caso de Alijor también se inscribe dentro de una situación más amplia que afecta a distintos sectores de la industria alimenticia argentina. Durante los últimos meses crecieron los conflictos por suspensiones, atrasos salariales y caída de producción en numerosas empresas vinculadas al consumo masivo. La recesión económica, el desplome del consumo interno y las dificultades financieras impactaron con fuerza en fábricas de alimentos, generando preocupación tanto en sindicatos como en cámaras empresariales.
La incertidumbre sobre el futuro de La Salteña genera preocupación no sólo entre los trabajadores de Garín sino también dentro del sector industrial en general. La marca ocupa desde hace décadas un lugar importante en el mercado alimenticio argentino y forma parte de la vida cotidiana de millones de consumidores. Sin embargo, detrás de esa presencia histórica hoy aparece una empresa golpeada por deudas, conflictos y una fuerte crisis de gestión que amenaza con profundizarse si no se encuentra rápidamente una solución económica y laboral sostenible.
Fuente: InfoGremiales
