El fallo obliga al Estado nacional a asegurar el presupuesto necesario para el funcionamiento pleno del organismo encargado de colaborar en la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura. Organismos de derechos humanos celebraron la decisión judicial.
La Justicia federal ordenó al gobierno nacional garantizar los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), uno de los organismos más importantes vinculados a las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina.
La medida judicial se conoció luego de distintos reclamos impulsados por organismos de derechos humanos y trabajadores del organismo, quienes venían advirtiendo sobre graves dificultades presupuestarias que comprometían el normal funcionamiento de las tareas científicas y administrativas del banco.
El Banco Nacional de Datos Genéticos cumple un rol fundamental en la identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura militar argentina. A través de estudios genéticos y análisis científicos, el organismo colabora históricamente con las investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad y procesos de restitución de identidad.
Según trascendió, la resolución judicial exige que el Estado nacional adopte las medidas necesarias para garantizar el financiamiento adecuado del organismo, preservando tanto sus funciones técnicas como la continuidad de investigaciones y procedimientos en curso.
Durante los últimos meses, distintos sectores habían alertado sobre recortes presupuestarios, problemas operativos y dificultades para sostener áreas estratégicas dentro del BNDG. Organismos de derechos humanos denunciaron que la situación ponía en riesgo políticas fundamentales construidas durante décadas en materia de memoria e identidad.
La noticia generó fuerte repercusión en ámbitos judiciales, políticos y académicos. Referentes vinculados a derechos humanos destacaron la importancia del fallo y remarcaron que el Banco Nacional de Datos Genéticos representa una herramienta clave para sostener procesos de búsqueda de identidad y reparación histórica.
Además, señalaron que el organismo posee reconocimiento internacional por su trabajo científico y por su aporte en causas vinculadas a desaparición forzada de personas y apropiación de menores durante el terrorismo de Estado.
Desde sectores cercanos al Gobierno nacional no hubo hasta el momento declaraciones oficiales extensas sobre el fallo, aunque el tema vuelve a abrir el debate sobre el impacto del ajuste presupuestario en organismos públicos vinculados a ciencia, derechos humanos y políticas de memoria.
La resolución judicial también fue interpretada como una señal de preocupación institucional frente al posible deterioro de áreas estratégicas del Estado dedicadas a investigaciones científicas y procesos judiciales sensibles.
Con este fallo, la Justicia busca garantizar la continuidad operativa de un organismo considerado fundamental para la historia democrática argentina y para cientos de familias que todavía continúan buscando respuestas sobre su identidad y la de sus seres queridos.
