Luis Caputo confirmó que el Ejecutivo avanzará con la licitación de la principal empresa de agua y saneamiento del país. La medida reabre el debate sobre privatizaciones, tarifas y control estatal de servicios públicos esenciales.
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de privatizaciones y confirmó que avanzará con la venta del 90% de las acciones estatales de AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó que los pliegos de licitación serán publicados oficialmente en el Boletín Oficial.
La privatización de AySA aparece como una de las medidas más importantes dentro del programa económico impulsado por el oficialismo desde la aprobación de la Ley Bases. La empresa había sido declarada “sujeta a privatización” junto a otras compañías públicas estratégicas, en el marco del proceso de reducción del Estado que impulsa el gobierno libertario.
Según explicó Caputo, el objetivo es incorporar “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” que permita ampliar inversiones y mejorar el servicio. Desde el Gobierno sostienen que la administración estatal de AySA se convirtió durante años en una “caja política” y que la participación privada permitirá mayor eficiencia y modernización de la infraestructura.
El esquema oficial contempla la venta del 90% del paquete accionario, mientras que el 10% restante permanecería en manos de los trabajadores de la compañía. Además, la futura concesión tendría una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por otra década más. El servicio seguirá cubriendo a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Desde el Ministerio de Economía calculan que la operación podría generar ingresos cercanos a los 500 millones de dólares, recursos que el Gobierno busca utilizar para fortalecer reservas y afrontar vencimientos de deuda externa durante los próximos meses.
Sin embargo, el anuncio volvió a despertar fuertes críticas desde sectores opositores, sindicatos y organizaciones sociales que cuestionan la privatización de servicios públicos esenciales como el agua potable y el saneamiento. Distintos referentes advierten que una eventual administración privada podría derivar en aumentos tarifarios, menor control estatal y riesgos sobre el acceso universal al servicio.
El debate también revive el recuerdo de la antigua privatización del servicio durante los años noventa, cuando la empresa estuvo en manos de Aguas Argentinas hasta su rescisión en 2006. Desde sectores críticos recuerdan que aquel modelo recibió numerosas denuncias por problemas de inversión, calidad del servicio y conflictos tarifarios.
Mientras tanto, el Gobierno continúa profundizando su agenda de reformas estructurales y privatizaciones. AySA se suma así a otras empresas públicas incluidas dentro del plan oficial de desestatización, en un contexto marcado por ajuste económico, reducción del gasto público y creciente tensión política y social alrededor del rol del Estado en áreas estratégicas.
