La Cámara alta sesiona con una agenda cargada de tensión política: el oficialismo buscará avanzar con decenas de pliegos judiciales, un acuerdo millonario con fondos buitre y cambios en la regulación de armas de fuego. La oposición ya anticipa fuertes cuestionamientos.
El Senado de la Nación vive este jueves una jornada clave para el gobierno de Javier Milei, con una sesión cargada de temas sensibles que combinan disputas judiciales, deuda externa y seguridad. La Cámara alta fue convocada para tratar el ingreso de cerca de 70 pliegos judiciales, el pago de acuerdos con fondos buitre y una reforma vinculada a la regularización de armas de fuego.
Uno de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento de decenas de cargos vacantes dentro del Poder Judicial. Según trascendió, el oficialismo intentará avanzar con una importante tanda de pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados por el Poder Ejecutivo, en medio de negociaciones políticas con bloques dialoguistas y gobernadores provinciales.
Dentro de ese paquete aparece además la polémica situación del juez Carlos Mahiques, actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El Senado deberá definir la prórroga de su mandato por cinco años más, ya que el magistrado alcanzará los 75 años, límite establecido por la Constitución Nacional para continuar en funciones judiciales sin autorización legislativa.
Otro de los debates más calientes será el acuerdo impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo para pagar aproximadamente 171 millones de dólares a los fondos acreedores Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. El Gobierno sostiene que el objetivo es cerrar litigios internacionales vinculados a la deuda argentina y evitar posibles embargos o avances judiciales contra activos estratégicos del país, incluyendo acciones vinculadas a YPF.
Sin embargo, sectores opositores volvieron a cuestionar duramente el acuerdo y denunciaron que se trata de una nueva concesión frente a los llamados “fondos buitre”. El tema reabre una discusión histórica en Argentina sobre deuda externa, soberanía financiera y el rol de los acreedores internacionales en los conflictos judiciales posteriores al default de 2001.
La agenda legislativa también incluye un proyecto para regularizar la tenencia de armas de fuego y extender el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta fines de 2027. La iniciativa propone simplificar trámites de registración ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), habilitar declaraciones virtuales y otorgar plazos especiales para quienes posean armas no registradas.
El debate sobre armas genera posiciones cruzadas incluso dentro de sectores aliados al Gobierno. Mientras algunos bloques consideran necesario actualizar y ordenar los mecanismos de registración, otros advierten sobre los riesgos de flexibilizar controles en un contexto de creciente preocupación social por la violencia y la inseguridad.
La sesión también vuelve a mostrar las tensiones internas que atraviesan al oficialismo y a sus aliados parlamentarios. En paralelo a esta agenda, continúan las negociaciones por otros proyectos sensibles impulsados por la Casa Rosada, como la reforma electoral, la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y eventuales cambios en las PASO, iniciativas que todavía no logran consenso pleno en el Senado.
En un contexto político marcado por ajuste económico, conflictos sociales y fuerte polarización, el Senado se transforma nuevamente en uno de los principales escenarios de disputa entre el Gobierno nacional y la oposición. Con temas que tocan justicia, deuda y seguridad, la sesión promete convertirse en otra jornada de alto voltaje político dentro del Congreso argentino.
