La provincia de Buenos Aires dio nuevos pasos en la reglamentación de su Ley Audiovisual, una normativa estratégica que apunta a impulsar la producción de contenidos, generar empleo y consolidar al territorio bonaerense como polo cultural e industrial del sector. El proceso incluye foros participativos con trabajadores, universidades y empresas.
La provincia de Buenos Aires continúa avanzando en la implementación de una de sus políticas culturales más ambiciosas de los últimos años: la reglamentación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual bonaerense, sancionada a fines de 2025.
La norma busca estimular la creación, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales dentro del territorio provincial. Incluye cine, series, documentales, animación, videojuegos y nuevas tecnologías inmersivas, ampliando el concepto tradicional de industria cultural.
Como parte del proceso reglamentario, el gobierno bonaerense viene realizando encuentros regionales con referentes del sector. El cuarto foro se desarrolló en Merlo y reunió a cineastas, sindicatos, cámaras empresarias, universidades, festivales y medios públicos para debatir cómo traducir la ley en herramientas concretas.
Entre los principales instrumentos previstos por la ley se destaca la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual con una asignación inicial de 675 millones de pesos, actualizable por Presupuesto. El objetivo es financiar proyectos, formación profesional e incentivos productivos.
Además, se pondrá en marcha un Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, integrado por representantes estatales, universidades, sindicatos y asociaciones del sector, con la meta de garantizar una aplicación plural y transparente.
Otro eje central será la conformación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual, requisito para acceder a líneas de apoyo y programas oficiales. También se proyecta la plataforma digital “BaFilma”, pensada para promocionar producciones locales y ordenar un catálogo de locaciones provinciales.
Funcionarios provinciales sostienen que la ley busca defender el trabajo cultural en un contexto nacional adverso para la producción audiovisual, marcado por recortes presupuestarios y crisis en organismos nacionales vinculados al cine y la comunicación.
Especialistas remarcan que Buenos Aires concentra una porción significativa de rodajes, estudios, universidades y mano de obra técnica del país, por lo que una política sostenida podría tener impacto real en empleo, turismo y exportación de contenidos.
La apuesta bonaerense también instala una discusión más amplia: si la cultura debe ser considerada un gasto prescindible o una inversión estratégica con capacidad de generar riqueza y valor agregado.
En tiempos de ajuste y retracción nacional, Buenos Aires eligió otro camino: apostar a la producción cultural como motor económico. Si la reglamentación logra transformarse en herramientas reales, la Ley Audiovisual puede convertirse en mucho más que una norma: en una política de desarrollo.
Fuente: Motor Economico
