El movimiento cooperativo consiguió una primera victoria legislativa frente al denominado proyecto “Ley Hojarasca”, una iniciativa que buscaba modificar el esquema tributario de las cooperativas y que había generado fuerte preocupación en el sector. Según se informó, finalmente fue retirado del proyecto el artículo que derogaba la Ley 11.380, manteniendo así beneficios históricos vinculados a edificios y construcciones cooperativas.
¿Qué proponía el proyecto?
La iniciativa pretendía eliminar una norma vigente desde 1926, que exime de determinadas contribuciones al valor de los edificios y construcciones de cooperativas. De haberse aprobado, esas propiedades debían incorporarse al cálculo del capital imponible, aumentando de manera considerable la carga tributaria de estas entidades.
Desde el sector advirtieron que el impacto habría sido severo, ya que gran parte del patrimonio cooperativo está compuesto justamente por inmuebles, plantas productivas, centros de servicios, edificios administrativos y estructuras construidas a lo largo de décadas.
Un siglo de desarrollo cooperativo
La Ley 11.380 fue sancionada para facilitar la formación patrimonial de las cooperativas y promover el financiamiento productivo a través del Banco Nación y el entonces Banco Hipotecario Nacional. Esa herramienta permitió el crecimiento de numerosas entidades en todo el país.
Gracias a ese marco legal se desarrollaron:
- Plantas de acopio.
- Cooperativas de servicios públicos.
- Locales de consumo.
- Infraestructura financiera solidaria.
- Espacios industriales y productivos.
Reacción del sector
Desde entidades cooperativas señalaron que la derogación implicaba más impuestos y menos seguridad jurídica, y reclamaron al Congreso que rechace cualquier medida que perjudique al sector.
La presión institucional dio resultados: en comisión legislativa se resolvió retirar ese punto del proyecto, lo que fue leído como una señal positiva y una demostración de que la articulación del cooperativismo puede frenar medidas regresivas.
Lo que viene
Aunque el conflicto tuvo un primer desenlace favorable, desde el sector advierten que seguirán atentos al tratamiento parlamentario. Consideran que el debate no es solo tributario, sino también político: definir si se fortalece a las cooperativas como motor de desarrollo local o se las castiga con nuevas cargas fiscales.
Por Pablo Tissera
