El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad compareció en Comodoro Py pero optó por no responder preguntas. La investigación judicial apunta a un presunto esquema de corrupción, sobreprecios y desvío de fondos públicos.
La causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este lunes con la presentación de Diego Spagnuolo en los tribunales federales de Comodoro Py. El ex funcionario concurrió a la citación judicial, pero decidió no declarar ante el juzgado interviniente.
Spagnuolo está imputado en una investigación que analiza supuestas contrataciones direccionadas, cartelización entre proveedores y movimientos de fondos millonarios en perjuicio del Estado. Según distintas fuentes judiciales, el expediente involucra a 34 personas entre ex funcionarios, intermediarios y empresarios vinculados al organismo.
La indagatoria había sido impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes avanzan sobre un entramado que habría operado mediante compulsas de precios simuladas entre empresas previamente coordinadas para asegurar adjudicaciones.
De acuerdo con la hipótesis judicial, varias firmas eran convocadas formalmente a competir entre sí, aunque en los hechos existiría un acuerdo previo para favorecer siempre a determinados proveedores. Esa mecánica habría generado sobreprecios y beneficios indebidos con recursos destinados a políticas públicas sensibles.
El silencio de Spagnuolo no fue aislado. También otros ex integrantes de la estructura de ANDIS se habrían negado a declarar en esta etapa inicial, mientras continúan las citaciones previstas por el juzgado durante los próximos días.
La defensa del ex funcionario solicitó además peritajes sobre audios que circularon públicamente y que habrían sido uno de los disparadores del escándalo político y judicial. Según su entorno, no hará un descargo amplio hasta que se analice ese material.
El caso tiene alto impacto político porque Spagnuolo fue una figura cercana al oficialismo nacional y encabezó un organismo clave en la administración de programas vinculados a personas con discapacidad. La causa, por lo tanto, no solo examina responsabilidades penales sino también eventuales fallas de control estatal.
Mientras tanto, la Justicia busca reconstruir contratos, vínculos comerciales, movimientos patrimoniales y decisiones administrativas para determinar si existió una organización destinada a manipular compras públicas.
Cuando una causa por discapacidad termina hablando de sobreprecios y negocios, el daño excede cualquier cifra. No se trata solo de dinero público: se trata de recursos destinados a sectores vulnerables. El avance del expediente pondrá a prueba si la Justicia logra llegar hasta el fondo o si todo queda, una vez más, en ruido político.
Fuente: Filo.news
