La federación que nuclea a docentes universitarios respondió con dureza al Ministerio de Capital Humano tras los cuestionamientos al paro nacional. “Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito”, afirmaron, en medio de la creciente tensión por el financiamiento universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo de alta tensión. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) respondió este lunes al Ministerio de Capital Humano con un comunicado contundente en defensa del paro docente y con fuertes críticas al accionar oficial.
La frase central del documento no dejó margen para interpretaciones: “Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito”. Con esa definición, el gremio buscó poner el foco en el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación exige desde hace meses.
La reacción sindical llegó luego de que el Ministerio solicitara a las universidades nacionales informes sobre las medidas adoptadas durante la semana de paro para garantizar la continuidad académica y el derecho a la educación de los estudiantes.
Desde CONADU calificaron esa decisión como “de enorme gravedad” y denunciaron una supuesta persecución hacia trabajadoras y trabajadores del sector. Además, consideraron que el Gobierno incurre en una “ruptura institucional” al intervenir sobre la autonomía universitaria.
En el comunicado también apuntaron directamente contra la ministra Sandra Pettovello, a quien acusaron de desconocer el funcionamiento histórico de las universidades públicas argentinas, caracterizadas por el cogobierno y la autonomía desde la Reforma Universitaria de 1918.
El trasfondo del conflicto es presupuestario y salarial. Los gremios docentes denuncian un fuerte deterioro de los salarios y sostienen que el ajuste aplicado sobre las universidades compromete el funcionamiento académico, la investigación y la permanencia estudiantil.
En paralelo, distintas universidades también salieron a responder al Ejecutivo. Desde la Universidad Nacional de Córdoba señalaron que la responsabilidad de financiar el sistema universitario corresponde al Gobierno nacional y reclamaron el cumplimiento de la ley votada por el Congreso.
CONADU ratificó además la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo, con movilizaciones en distintas ciudades del país, en defensa de la educación pública y contra el ajuste.
La disputa ya excede lo gremial y se convirtió en una pulseada política de alcance nacional, donde se enfrentan dos miradas opuestas sobre el rol del Estado, la inversión pública y el futuro del sistema universitario.
Cuando docentes y Gobierno discuten por salarios, presupuesto y legalidad, no está en juego solo una paritaria. Se discute qué lugar ocupa la universidad pública en la Argentina que viene. Y cuando el conflicto escala de esta manera, lo que se define no es solo una semana de clases, sino un modelo de país.
Fuente: La nueva mañana
