Una masiva campaña ciudadana logró reunir más de 900 mil firmas en rechazo a las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares, una norma considerada clave para la protección ambiental y la preservación de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país. La iniciativa busca presentar ese respaldo social ante la Justicia con el objetivo de frenar cualquier avance que implique un retroceso en materia ambiental.

La movilización se consolidó en pocas semanas y reunió adhesiones de organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas, científicos, universidades, referentes sociales y miles de personas autoconvocadas en distintas provincias. El planteo central sostiene que flexibilizar la legislación abriría la puerta a mayores actividades extractivas en zonas sensibles, con impacto directo sobre ecosistemas de montaña y cuencas hídricas fundamentales.

La Ley de Glaciares fue sancionada para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental sobre glaciares y ambiente periglacial, reconociendo su valor como reservas de agua para consumo humano, agricultura, generación energética y equilibrio ecológico. Desde su aprobación, distintos sectores empresariales ligados a la minería cuestionaron restricciones y límites impuestos por la normativa.

Quienes impulsan la campaña advierten que cualquier debilitamiento legal beneficiaría intereses económicos de corto plazo por encima de la sustentabilidad futura. Señalan además que, en un contexto de crisis climática, sequías recurrentes y escasez hídrica en numerosas regiones, avanzar sobre zonas glaciares implicaría un riesgo aún mayor para las próximas generaciones.

El documento que acompañará la presentación judicial remarca que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano esencial y no subordinado a proyectos productivos que puedan comprometer fuentes naturales irreemplazables. También sostiene que existe jurisprudencia nacional e internacional que respalda la obligación estatal de proteger bienes comunes ambientales.

Desde distintos puntos del país ya se anunciaron actividades públicas, festivales, marchas y jornadas informativas para sostener la visibilidad del reclamo. En provincias cordilleranas, donde la discusión tiene impacto directo, el debate cobró especial intensidad entre comunidades locales, trabajadores y sectores productivos.

Especialistas en ambiente remarcan que los glaciares no solo cumplen una función hídrica, sino también climática y geológica. Su retroceso por aumento de temperaturas ya representa una amenaza concreta, por lo que consideran imprescindible fortalecer controles y no reducir estándares de protección.

Mientras tanto, la Justicia deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde avanzar con medidas cautelares. El caso podría transformarse en uno de los principales debates ambientales del año, al poner en tensión el modelo extractivo, la defensa de los recursos naturales y el alcance de la participación ciudadana en decisiones estratégicas.