La Justicia federal comenzó a estudiar el recurso de amparo impulsado por Ámbito luego de denunciar restricciones para ingresar y trabajar con normalidad en la Casa Rosada. El caso abrió un nuevo debate sobre libertad de prensa y relación entre el Gobierno y los medios.
Según planteó el medio, las limitaciones afectan la posibilidad de cobertura periodística en uno de los principales centros de decisión política del país. También sostuvieron que existe un trato discriminatorio respecto de otros periodistas y empresas de comunicación.
Desde el entorno gubernamental relativizaron la denuncia y señalaron que los accesos fueron reorganizados bajo nuevos criterios administrativos y de seguridad. Sin embargo, organizaciones vinculadas a la defensa del periodismo expresaron preocupación por la situación.
El expediente quedó en manos de tribunales que deberán determinar si hubo vulneración de derechos constitucionales vinculados al acceso a la información pública y al libre ejercicio de la tarea periodística.
La relación entre la gestión Milei y parte de la prensa tradicional atraviesa momentos de alta tensión, con frecuentes cruces públicos, acusaciones mutuas y cambios en las dinámicas de acreditación oficial.
El fallo que surja de este proceso podría sentar precedente sobre cómo se regula el vínculo entre Estado y medios en una etapa marcada por confrontación política y fuerte disputa comunicacional.
