La iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada busca aumentar las penas por denuncias falsas en casos de violencia de género. El proyecto ya tiene dictamen, pero genera fuertes críticas por su posible impacto en las víctimas.
El debate por las denuncias falsas en casos de violencia de género volvió al centro de la escena política. Un proyecto impulsado por Carolina Losada avanza en el Senado con el objetivo de endurecer las penas para quienes realicen acusaciones falsas, en una discusión que divide al arco político.
La iniciativa propone modificar el Código Penal para elevar las penas actuales, que pasarían a ser de entre tres y seis años de prisión en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren menores.
Desde el entorno de la senadora sostienen que el objetivo es evitar el uso indebido del sistema judicial y proteger a quienes son falsamente acusados. Argumentan que este tipo de denuncias generan consecuencias graves, tanto personales como institucionales, y consumen recursos que deberían destinarse a víctimas reales.
Sin embargo, el proyecto despertó una fuerte reacción en sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de derechos. Advierten que la medida podría tener un efecto contrario al buscado: desalentar las denuncias en un contexto donde ya existe una alta dificultad para probar este tipo de delitos.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la diferencia entre una denuncia falsa y un caso que no puede ser probado judicialmente. Especialistas y legisladores remarcan que en muchos hechos de violencia de género no existen pruebas directas, lo que podría generar temor en las víctimas a la hora de denunciar.
El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en comisión, lo que lo deja en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado. Esto marca un avance concreto en su recorrido legislativo, aunque el escenario para su aprobación definitiva aún es incierto.
La discusión también refleja una tensión más amplia dentro del sistema político argentino, donde los temas vinculados a género se han convertido en un eje de disputa ideológica y legislativa.
En paralelo, el debate trasciende lo jurídico y se instala en el plano social. La percepción sobre las denuncias, la confianza en la justicia y el rol del Estado en la protección de víctimas son elementos que atraviesan la discusión.
En ese contexto, el proyecto de Losada se convierte en un punto de inflexión que obliga a repensar cómo se equilibran dos principios fundamentales: la protección de las víctimas y la garantía de justicia para quienes son acusados.
La discusión no es menor. En un terreno tan sensible como la violencia de género, cualquier modificación legal tiene efectos profundos. El desafío no está solo en castigar abusos del sistema, sino en no debilitarlo. Porque si la ley genera miedo a denunciar, el costo puede ser más alto que el problema que intenta resolver.
Fuente: Politica Argentina
