Causa Cuadernos: “Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos”, admitió un empresario

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Varios testigos reconocieron que sus declaraciones iniciales fueron inducidas bajo presión, poniendo en duda la veracidad de la causa que se inició con las fotocopias de Oscar Centeno.

La audiencia de este jueves en el Tribunal Oral Federal 7 marcó un punto de inflexión en el juicio de la “Causa Cuadernos”. Lo que en un principio fue presentado como una estructura sólida de corrupción, comenzó a mostrar fisuras irreparables cuando los empresarios citados a declarar empezaron a desmentir sus propios dichos de la etapa de instrucción. Los testigos coincidieron en que los relatos vertidos años atrás no se ajustaron a la realidad, sino a la necesidad de recuperar la libertad en un contexto de fuerte coacción judicial.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió cuando un directivo de una importante firma constructora admitió que “mintió” para evitar la prisión preventiva. Ante las preguntas de las defensas, el empresario reconoció que los supuestos pagos de sobornos detallados en los cuadernos de Centeno nunca existieron en los términos planteados por la fiscalía de Carlos Stornelli, y que se vio obligado a “convalidar un guion” para no permanecer detenido durante el proceso.

Esta serie de rectificaciones pone en crisis la validez de los testimonios de los denominados “arrepentidos”, que fueron el pilar fundamental sobre el que se edificó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de Planificación. La defensa de la expresidenta subrayó que estas confesiones en sede de juicio oral confirman que la causa fue una construcción mediático-judicial diseñada para perseguir a dirigentes políticos, carente de pruebas materiales que respalden los manuscritos originales.

Los empresarios también señalaron que las reuniones con funcionarios, que la acusación intentó presentar como encuentros para la entrega de dinero, eran en realidad gestiones administrativas habituales para reclamar por deudas del Estado. Según los testimonios actuales, no existió un sistema de cartelización ni retornos, sino una relación institucional marcada por la crisis económica de aquel período, desarticulando la hipótesis de la “asociación ilícita” que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La falta de pericias contables que demuestren el origen y destino de los supuestos fondos negros es otro de los puntos que los testigos resaltaron. Al no existir registros de salidas de dinero injustificadas en las empresas, la fiscalía se encuentra en la difícil tarea de sostener una acusación que solo se apoya en anotaciones de un chofer y en declaraciones que, una a una, están siendo retiradas o modificadas por los mismos protagonistas ante los jueces del tribunal.

Con el avance del juicio, queda cada vez más claro que la instrucción de la causa estuvo viciada por procedimientos que hoy los mismos testigos denuncian como extorsivos. Mientras la causa pierde peso probatorio en Comodoro Py, el debate gira ahora hacia la responsabilidad de quienes validaron estos testimonios bajo presión, en lo que ya se perfila como uno de los mayores fiascos judiciales de la historia reciente argentina, donde la verdad empieza a emerger por encima de los cuadernos quemados y reaparecidos.

Fuente: PLN

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