El duro cruce entre Sturzenegger y el titular de Cáritas en el Senado, por el proyecto de ley de la propiedad privada. Los barrios populares, en la mira: la Iglesia advierte que la iniciativa del oficialismo fomenta el desamparo y es un nuevo retroceso en el acceso a la vivienda.
Los desacuerdos y las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la jerarquía de la Iglesia Católica se hacen cada día más evidentes. Los obispos se pronuncian sobre los temas que consideran que afectan derechos o la calidad de vida de las personas y el gobierno ignora sistemáticamente todas las advertencias. No hay enfrentamientos estridentes, pero tampoco hay diálogo productivo. Se mantienen abiertos los canales institucionales pero ese contacto no va más allá de las formalidades. La jerarquía eclesiástica –históricamente acostumbrada a ser un interlocutor habitual del poder político– hoy siente que sus consideraciones –basadas siempre en una crítica respetuosa– solo obtienen el silencio o la indiferencia por respuesta.
Una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado fue el escenario en estos días de una nueva discrepancia entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y los obispos, en una escena que se viene repitiendo –sistemáticamente y en diferentes ámbitos– sobre distintos temas y cuestiones que ponen en evidencia desacuerdos sobre las formas de encarar los problemas de la sociedad.
En este caso fue el tratamiento en comisión del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo a expensas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además fue la persona que se apersonó ante los senadores para defender la propuesta. Entre los invitados por los legisladores se ubicó el arzobispo de La Plata y titular de Cáritas nacional, Gustavo Carrara, quien no solo criticó los fundamentos de la propuesta de ley, sino que advirtió acerca de lo que calificó como “un retroceso de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda” que generará más incertidumbre jurídica para 5 millones de personas que habitan en 6.467 barrios populares en todo el país.
Carrara es un obispo que tiene una larga trayectoria acompañando a la pastoral de la Iglesia Católica y a los sacerdotes que atienden a las personas que viven en barrios populares. Ha sido además un firme defensor de los proyectos de integración socio-urbana.
En un debate que se prolongó durante más de cuatro horas bajo la presidencia de los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta y la encuadró dentro lo que definió como los “dos pilares centrales” del gobierno de Javier Milei: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Para el ministro defensor de la motosierra estos dos últimos conceptos están estrechamente vinculados a la protección de la propiedad privada, señalando que la misma es “un requisito indispensable” para el desarrollo económico. Según el funcionario, la “fragilidad fiscal” del país contribuyó a “la vulneración” de los derechos de propiedad y, de esta manera, se desalienta la inversión local y extranjera.
Frente a ello el arzobispo Carrara centró su presentación en la defensa de la ley de Barrios Populares (27.453 de “Regularización dominial para la integración socio urbana”) advirtiendo sobre la importancia de no avanzar con las modificaciones propuestas por el proyecto de ley porque significaría un retroceso en materia de políticas públicas orientadas a garantizar la vivienda. Pero además –dijo– porque “la discusión en torno a esta norma no puede reducirse a una oposición abstracta entre propiedad privada e intervención estatal” sino que debe tomarse en cuenta la situación de las personas que habitan en los barrios populares.
Para Carrara el proyecto impulsado por Sturzenegger “rompe una política de amplio consenso, abre la puerta a desalojos forzosos y elimina mecanismos que garantizaban compensación y resolución ordenada de conflictos, aumentando la litigiosidad”.
Según el arzobispo platense la ley 27.453 (aprobada de forma unánime en 2018 y ratificada en 2022) “consolidó la integración socio urbana como una política de Estado otorgándole un nivel de legitimidad institucional excepcional y una transversalidad a gobiernos de distinto signo político”. Porque –dijo Carrara—“los barrios populares no son fenómenos recientes ni situaciones transitorias” sino que “son consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y a la vivienda en la Argentina”. Y recordó al mismo tiempo que “gracias al relevamiento realizado por el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) se cuenta con información fehaciente sobre las condiciones de esta realidad estructural: el 73,)% de estos barrios fueron conformados hace más de 20 años”.
Para Carrara los resultados de la aplicación de la ley “muestran la capacidad del régimen vigente para abordar una problemática estructural con instrumentos concretos y escalables” que se reflejan en 868.991 certificados de vivienda familiar (CVF), 13.038 de los cuales se entregaron durante la gestión actual. En cambio, para Sturzenegger después de una década de vigencia Ley 27.453 de Barrios Populares, solo logró regularizar “una porción mínima” de los casos lo que a su juicio demuestra la “ineficacia estructural del Estado” para realizar esa tarea.
El titular de Cáritas insistió además en que la reforma prevista elimina “los instrumentos centrales que sostienen el régimen de integración socio urbana” que consisten en la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de los inmuebles del RENABAP y la suspensión de desalojos durante los procesos de regularización.
El debate en las comisiones del Senado continuará en las próximas semanas, pero las cartas parecen echadas pese a las objeciones planteadas y a la resistencia de sectores de la oposición. Si bien los libertarios admitieron que se incorporen nuevos aportes al debate sobre el proyecto de ley, también insistieron en la urgencia de aprobar un dictamen que sea llevado rápidamente al pleno de la Cámara, donde dicen contar con los votos para su aprobación.
De concretarse se sumará a la agenda de las divergencias entre el gobierno de LLA y el episcopado católico que ya en octubre pasado y en vísperas de las elecciones intermedias había señalado la importancia de que “la verdadera victoria electoral” se transforme en un “renovado compromiso con el bien común, especialmente con los más pobres y frágiles, con quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades”. Más adelante el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, pidió especial atención a los grupos y personas afectadas por “situaciones de crisis y marginalidad”. A ello se sumaron declaraciones más recientes de diferentes instancias episcopales oponiéndose, entre otros temas, a la baja de edad de imputabilidad de jóvenes condenados por delitos violentos, la reforma de la ley de glaciares y reclamando atención para las personas con discapacidad.
“Hablamos, pero no nos escuchan y no atienden nuestros argumentos” siguen diciendo los obispos cuando se les pregunta sobre el diálogo con el gobierno de Javier Milei.
Fuente: Pagina 12
