La Justicia federal ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito y movimientos financieros no declarados. La medida amplía el acceso a cuentas, tarjetas, créditos y otras operaciones durante el análisis de su patrimonio, en uno de los casos judiciales de mayor impacto político del momento.
El juez federal Ariel Lijo tomó la decisión tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien argumentó la necesidad de reconstruir con precisión la evolución patrimonial del funcionario y su esposa en los últimos años.
La medida no solo abarca cuentas y movimientos bancarios, sino también inversiones, tarjetas de crédito y cualquier instrumento financiero registrado desde enero de 2022 hasta la actualidad, período clave para evaluar posibles variaciones patrimoniales tras su ingreso al Estado.
Este levantamiento del secreto fiscal permitirá acceder también a información sobre personas vinculadas que aparecen en la causa como prestamistas o acreedoras, con el objetivo de esclarecer si existió un manejo irregular de fondos y qué rol tuvieron terceros en las operaciones financieras del matrimonio.
La causa se enmarca en investigaciones sobre la adquisición de bienes inmuebles con financiamiento poco claro, préstamos extraordinarios y operaciones inmobiliarias que han despertado sospechas de enriquecimiento acelerado.
Además del examen de cuentas, la investigación prevé solicitar informes al Banco Central de la República Argentina sobre productos financieros, plazos fijos, créditos vigentes o cancelados y otros detalles relevantes para completar el recorrido económico de Adorni y Angeletti.
La fiscalía también ha incluido en su estrategia la reconstrucción de gastos, compras y consumos con tarjetas de crédito, para determinar si dichos movimientos se corresponden con ingresos formales y consistentes con su situación patrimonial declarada.
Este avance procesal representa un paso clave en una investigación que, además de tener implicancias judiciales, genera repercusiones políticas y mediáticas, dado el rol de Adorni como una figura central en el Gobierno.
Levantar el secreto bancario y fiscal de un alto funcionario y su cónyuge no es una decisión menor: es un gesto de transparencia forzada ante la falta de claridad en la gestión de sus bienes y recursos. En un contexto donde la confianza pública está desgastada, la Justicia intenta reconstruir una historia financiera que puede arrojar luz sobre prácticas poco claras. La sociedad merece saber si los altos funcionarios se conducen con la misma transparencia que se exige a todos.
Fuente: Minuto Uno
