La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el oficialismo desató un fuerte rechazo en la comunidad científica, ambientalistas y organizaciones sociales. Expertos en criósfera, hidrología, minería y cambio climático aseguraron que la reforma abre la puerta a un escenario de riesgo extremo para los ecosistemas de montaña, la disponibilidad de agua y la seguridad de las poblaciones. Denuncian que el Gobierno prioriza los intereses mineros por encima de la protección ambiental, ignorando décadas de evidencia científica.
La aprobación de la reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, generó una ola de preocupación en instituciones científicas de todo el país. La nueva normativa flexibiliza la protección de glaciares y ambientes periglaciares, permitiendo actividades extractivas en zonas antes prohibidas. Para los especialistas, esto constituye un retroceso inédito y un peligro directo para la estabilidad hídrica de millones de personas.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) alertó que la ley original había sido un hito internacional en la protección del agua, ya que resguardaba reservas estratégicas en un contexto de acelerado derretimiento por el calentamiento global. La reforma, advierten, deja desprotegidos glaciares rocosos y cuencas que funcionan como verdaderas “fábricas naturales de agua”.
Los científicos rechazan el argumento oficialista según el cual la ley anterior “obstaculizaba inversiones”. Aseguran que la protección de glaciares no es un obstáculo sino una garantía para el desarrollo sostenible. “Sin agua no hay minería, no hay agricultura, no hay ciudades. Cuando los glaciares colapsen, lo demás será irrelevante”, explicó un investigador del Conicet.
Ambientalistas de distintas provincias señalaron que la reforma favorecerá la expansión de proyectos megamineros en zonas altamente sensibles, especialmente en Cuyo, el NOA y la Patagonia. Varias organizaciones anunciaron que presentarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación de la ley, denunciando que viola principios constitucionales de protección ambiental.
En paralelo, asambleas ciudadanas comenzaron a movilizarse con fuerza. En San Juan, Mendoza y Catamarca ya se registraron manifestaciones masivas reclamando la derogación inmediata de la reforma. La consigna “El agua no se vende” volvió a cobrar protagonismo, especialmente en contextos donde los ríos y glaciares están en retroceso acelerado.
El Gobierno, por su parte, defendió la reforma afirmando que permitirá “poner en valor recursos minerales estratégicos”. Milei llegó a calificar la ley anterior como un “capricho ambientalista” que impedía el crecimiento del país. La comunidad científica respondió que desconocer la evidencia climática es una irresponsabilidad histórica.
Expertos internacionales también se sumaron a las críticas. Investigadores de Chile, Estados Unidos y Alemania advirtieron que la flexibilización de la norma pone a Argentina en contradicción con los compromisos climáticos asumidos en foros globales. Señalaron que el país podría enfrentar sanciones o perder financiamiento internacional para proyectos ambientales.
Las universidades nacionales emitieron comunicados conjuntos afirmando que la reforma compromete la seguridad hídrica futura. “Esta ley no solo afecta a la biodiversidad: afecta el agua potable, la producción agrícola, la estabilidad de cuencas y la vida misma”, expresaron.
La nueva Ley de Glaciares marca un punto de inflexión peligroso. Argentina retrocede en uno de los terrenos donde había logrado consensos amplios: la protección del agua como bien común. La ciencia habla claro, pero el poder parece mirar hacia otro lado. Entre inversiones de corto plazo y daños irreversibles, el país queda atrapado en una decisión que puede hipotecar su futuro. Cuidar los glaciares no es un lujo: es una obligación moral, ambiental y generacional.
Fuente: Primereando las noticias
