La Secretaría de Transporte de la Nación publicó un comunicado oficial en el que detalla un paquete de medidas frente al paro de colectivos que afectó a millones de usuarios en el Área Metropolitana y distintas provincias. El Gobierno confirmó actas de infracción, avanzó con sanciones económicas y advirtió que tomará “todas las acciones legales correspondientes” contra las empresas que no prestaron servicio. La tensión entre el Ejecutivo, las compañías y los gremios del transporte escala en un contexto de fuerte deterioro del sistema y reclamos salariales sin resolución.
La Secretaría de Transporte informó que se labraron más de 300 actas de infracción a empresas que “no cumplieron con la prestación mínima obligatoria del servicio público”, una normativa que exige garantías básicas de circulación incluso durante días de conflicto laboral. Según el comunicado, la suspensión total de recorridos configura una “falta grave” con sanciones que pueden derivar en multas millonarias y en la quita de concesiones.
El Gobierno sostuvo que, pese a que los gremios reclaman actualizaciones salariales atrasadas y mejoras en las condiciones de trabajo, “las empresas adoptaron medidas unilaterales sin agotar los canales legales de conciliación”. Desde Transporte apuntaron contra los empresarios acusándolos de “extorsionar a los usuarios y a la administración nacional para acelerar negociaciones económicas pendientes”.
Las cámaras empresariales rechazaron el planteo oficial y respondieron que el sistema de transporte se encuentra “al borde del colapso”, con tarifas insuficientes, subsidios congelados y deudas acumuladas que impiden el normal funcionamiento de las flotas. Según argumentaron, el paro fue consecuencia directa de la falta de recursos para afrontar la última paritaria.
Los gremios, por su parte, responsabilizaron tanto al Gobierno como a las empresas, señalando que “desde hace meses” advierten sobre la falta de pago en tiempo y forma. También denunciaron que los trabajadores enfrentan condiciones precarias, jornadas extensas y falta de mantenimiento en las unidades, lo que pone en riesgo tanto a choferes como a pasajeros.
En su comunicado, la Secretaría de Transporte aclaró que se iniciaron procesos administrativos para determinar la responsabilidad de cada empresa y anticipó que “habrá sanciones ejemplificadoras para evitar que se normalice el incumplimiento”. La medida fue respaldada por sectores oficialistas, pero generó fuertes críticas de la oposición, que acusó al Gobierno de “buscar culpables sin resolver la crisis estructural”.
Mientras tanto, millones de usuarios quedaron varados durante el paro, especialmente en el Conurbano bonaerense, donde el transporte público es la única vía para acceder al trabajo y los servicios esenciales. La situación provocó largas filas en estaciones de trenes y subtes, así como saturación de combis y taxis.
El conflicto dejó expuesta nuevamente la fragilidad del sistema de transporte, afectado por la inflación, la caída de subsidios y el estancamiento de las tarifas reales. Expertos advierten que, sin una reestructuración integral, los paros continuarán y el servicio seguirá deteriorándose.
La disputa entre Gobierno, empresas y gremios vuelve a colocar a los usuarios como rehenes de un sistema desfinanciado y desordenado. Cada parte tiene argumentos propios, pero ninguna ofrece soluciones definitivas. Mientras tanto, el transporte —pieza clave para el funcionamiento económico— continúa colapsando. La política debe dejar de administrar emergencias y avanzar hacia un modelo sostenible.
Fuente: Minuto Uno
