El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto integral de Ley de Salud Mental, abriendo un debate sensible y urgente. La iniciativa apunta a reformar el modelo actual, reforzando la intervención psiquiátrica, ampliando el rol de fuerzas de seguridad y redefiniendo los criterios de internación.
El anuncio generó reacciones inmediatas: organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud y asociaciones civiles expresaron su preocupación por un posible retroceso en materia de derechos.
Para muchos, el texto implica un regreso a modelos centrados en el encierro.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la ley vigente “no da respuestas” ante el aumento de crisis psicopatológicas y casos de violencia asociados.
Prometen mayor inversión en infraestructura y un sistema de derivaciones más ágil.
Pero los especialistas advierten que nada mejorará sin presupuesto real.
La falta de equipos interdisciplinarios y de dispositivos comunitarios sigue siendo el principal problema.
Los gremios de salud también cuestionan que no fueron consultados durante la elaboración del proyecto.
La oposición analiza presentar un texto alternativo.
La discusión promete semanas intensas en el Congreso y en las calles.
La salud mental no puede ser bandera electoral ni un campo de disputa ideológica. Es hora de discutir políticas basadas en evidencia, no en prejuicios. El bienestar social requiere escucha, inversión y humanidad.
Fuente: Noticias Argentinas
