El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un cambio profundo en su política social: comenzará a reemplazar progresivamente los planes tradicionales por programas de capacitación laboral obligatoria. La medida, presentada como un “nuevo paradigma de inclusión”, generó fuertes debates tanto dentro del oficialismo porteño como entre organizaciones sociales.
Según la administración de Jorge Macri, el objetivo es vincular los beneficios económicos con una trayectoria formativa que permita la futura inserción laboral de los beneficiarios. El plan prevé cursos obligatorios, certificación de asistencia y seguimiento personalizado.
Los titulares de planes deberán inscribirse en capacitaciones vinculadas a oficios, tecnología, servicios y tareas administrativas. La Ciudad argumenta que “sin formación no hay empleo”, y que el sistema busca romper con la dependencia perpetua.
Organizaciones sociales, sin embargo, denuncian que el programa constituye una forma encubierta de recorte: si la persona no puede asistir a un curso por razones laborales, familiares o de salud, corre riesgo de perder el beneficio.
También advierten que muchas de las capacitaciones ofrecidas por el Gobierno porteño son tercerizadas, de baja calidad y no garantizan salida laboral. El modelo, aseguran, responsabiliza a los sectores vulnerables por la falta de trabajo estructural.
ONGs de derechos sociales alertan que en un contexto de caída del empleo, inflación y pobreza en aumento, condicionar un ingreso básico a capacitaciones rígidas podría profundizar la exclusión.
A pesar de las críticas, el Gobierno porteño confirmó que el programa comenzará a implementarse este mes y alcanzará a miles de beneficiarios.
La formación laboral es necesaria, pero no puede transformarse en una excusa para ajustar. La inclusión real requiere empleo genuino, no burocracias que disciplinan la pobreza.
