Una fuerte polémica se desató tras conocerse que el presidente Javier Milei decidió adelantar $400 mil millones en fondos a provincias consideradas “alineadas” políticamente con la Casa Rosada, mientras que el resto quedó excluido de cualquier asistencia extraordinaria. La medida generó un profundo malestar en gobernadores opositores y encendió nuevas tensiones federales.
De acuerdo con información de MinutoUno, los fondos corresponden a Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que, tradicionalmente, se distribuyen en situaciones de emergencia financiera, sin criterios partidarios. Sin embargo, en este caso el Gobierno decidió concentrarlos únicamente en jurisdicciones que apoyaron sus reformas en el Congreso.
Los mandatarios afectados denunciaron que se trata de un “mecanismo de disciplinamiento político” que perjudica directamente a millones de argentinos. Varios de ellos anticiparon que iniciarán reclamos judiciales, al considerar que se violan los principios básicos del federalismo y la equidad en la distribución de recursos.
Economistas advirtieron que la medida podría agravar la situación fiscal de provincias que ya atraviesan fuertes recortes presupuestarios y un derrumbe de la recaudación producto de la recesión. En algunos distritos, se evalúa la posibilidad de retrasar pagos salariales o paralizar obras públicas esenciales.
En paralelo, legisladores opositores presentaron pedidos de informes para transparentar los criterios de distribución y determinar si existió favoritismo hacia gobernadores que apoyaron el paquete de reformas económicas del Gobierno.
Ante las críticas, la Casa Rosada defendió la medida, argumentando que los fondos van destinados a “provincias que demostraron responsabilidad fiscal”. Sin embargo, especialistas pusieron en duda ese argumento y recordaron que la Constitución impide utilizar recursos nacionales con fines partidarios.
La polémica no solo afecta a las provincias perjudicadas: también abre una grieta dentro de los propios bloques aliados, donde algunos mandatarios reclaman que Milei está debilitando la relación institucional y promoviendo un clima de enfrentamiento permanente.
Analistas políticos alertan que esta tensión podría profundizar la crisis federal en un momento en que la caída de la actividad económica golpea a todo el país.
Gobernar para algunos y castigar a otros es la receta perfecta para el caos federal. Con esta maniobra, Milei siembra una desconfianza institucional peligrosa: en vez de unir al país en medio de la crisis, elige dividirlo según su conveniencia política. El federalismo no es un premio, es un derecho constitucional.
