A días de un nuevo 24 de marzo, el abogado Claudio Orosz, figura central en las condenas a represores como Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla, visitó los estudios de Otra Vuelta de Tuerca, en las radios de los SRT. En una charla que funcionó como una clase magistral de historia, Orosz desmenuzó los objetivos detrás del terrorismo de Estado y recordó su propia historia de militancia y persecución en Córdoba.
El objetivo económico: quebrar la dignidad del trabajador
Para Orosz, el golpe no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que buscaba revertir las conquistas sociales obtenidas desde mediados del siglo XX. “El golpe buscó destruir un modelo de derechos sociales y organización sindical que había roto con el país oligárquico”, afirmó el abogado.
Explicó que Argentina tenía la clase obrera mejor paga de la región, especialmente en el polo industrial de Córdoba, lo que representaba un obstáculo para el proyecto económico de las élites. “El odio se canalizó hacia el otro para imponer salidas por derecha que, lamentablemente, siempre terminan mal para quienes las apoyan”, reflexionó sobre los paralelismos con la actualidad.
La dictadura en Córdoba empezó antes
Orosz recordó que en la provincia el horror no inició en 1976, sino con el “Navarrazo” en febrero de 1974. Como ex alumno del Colegio Manuel Belgrano, relató cómo vivió la politización de su generación y la posterior persecución. “A los 11 años veíamos cómo reprimían a los estudiantes del Clínicas y nuestros compañeros más grandes los escondían en los sótanos”, rememoró.
En 1975, el abogado fue expulsado del Belgrano tras una causa penal inventada por las autoridades interventoras de la época, quienes contaban con “patotas” armadas dentro de la institución. “Nos acusaron de agredir a un estudiante, pero en el juicio la supuesta víctima confesó que nunca nos había visto. Era todo un invento para sacarnos del medio”, detalló.
Identidad y Justicia: la búsqueda que no cesa
El abogado también se refirió a las recientes identificaciones de restos en los predios donde funcionó el centro clandestino La Perla. Explicó el complejo proceso de “limpieza” que realizaron los militares en 1979, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando desenterraron cuerpos para trasladarlos a fosas comunes en las salinas.
“Que hoy se sigan identificando restos demuestra que los 30.000 no son un número simbólico. Todos los días se reciben nuevas denuncias”, señaló Orosz, quien además instó a las familias que aún tienen dudas a acercar sus muestras de ADN al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Entrevista completa
fUENTE: cBA24N
