El Banco Nacional de Datos Genéticos, una institución central en la política de derechos humanos del país, sufrió una reducción cercana al 60% de su presupuesto, lo que encendió alarmas en organismos y especialistas.
Este organismo, creado en 1987 tras el retorno de la democracia, cumple un rol fundamental en la identificación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), mediante el análisis y resguardo de información genética.
El recorte impacta directamente en su capacidad operativa: desde la realización de estudios hasta el mantenimiento de su estructura técnica. En un contexto donde aún quedan cientos de casos por resolver, la reducción de recursos pone en riesgo la continuidad de investigaciones clave para la restitución de identidad.
Además, la medida se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración del organismo impulsado por el gobierno nacional, que ya había modificado su autonomía institucional. Estas decisiones generaron preocupación entre organismos de derechos humanos, que advierten sobre posibles retrocesos en políticas históricas de memoria, verdad y justicia.
El debilitamiento del Banco no solo tiene implicancias técnicas, sino también simbólicas: afecta una de las herramientas más emblemáticas en la búsqueda de los nietos apropiados, una causa que sigue vigente a casi cinco décadas del terrorismo de Estado.
