Documentos contables oficiales confirman que el IOSFA contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos al momento en que Luis Petri asumió al frente del Ministerio de Defensa.
Los informes, a los que se accedió de manera exclusiva, desmienten de forma categórica la narrativa libertaria que intenta atribuir la crisis actual a la herencia del gobierno de Alberto Fernández.
Lejos de un escenario de colapso, los números de 2023 reflejan una situación financiera robusta: el resultado del ejercicio creció un 5,4% hasta alcanzar los $13.289 millones, mientras que el patrimonio neto registró un incremento del 67,8%, cerrando en $32.260 millones. A su vez, el flujo de efectivo mostró un saldo positivo con un aumento de $4.327 millones, revirtiendo la caída registrada en 2022. La liquidez inmediata, en tanto, se disparó un 182,9%, alcanzando los $6.693 millones.
Este cuadro evidencia que Petri recibió una obra social con cuentas ordenadas, capacidad de ahorro y margen de maniobra frente a un contexto inflacionario adverso. Sin embargo, ese escenario se deterioró rápidamente hasta desembocar en una crisis que hoy se traduce en el corte de prestaciones de salud para militares activos y retirados.
Las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria aparecen en el centro de las críticas. Darío Díaz Pérez, ex titular del IOSFA durante la administración anterior, había advertido que una de las medidas más graves fue la suspensión del pago de reintegros, afectando directamente a afiliados que deben afrontar gastos urgentes por fuera de la cobertura. “Estamos hablando de personal en actividad y retirados, muchos de los cuales están en situación de vulnerabilidad”, señaló.
Desde dentro del propio organismo, las denuncias son aún más contundentes. Fuentes actuales del IOSFA aseguran que no solo se consumió el superávit heredado, sino que además se contrajeron deudas millonarias: un crédito de $14 mil millones con el IAF durante la presidencia de Oscar Sagás, seguido por otro de $42 mil millones bajo la gestión de Roberto Fiocchi, ambos sin cancelar. La llegada posterior de Betina Surballe habría intentado contener las consecuencias de estas maniobras.
En este contexto, la crisis ya no se limita a los balances: se expresa en protestas de efectivos sin cobertura médica y en el plano judicial, tras la denuncia presentada por Lourdes Arrieta que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.
El contraste entre el superávit heredado y el actual descalabro financiero no solo pone en cuestión la gestión de Petri, sino que instala una sospecha cada vez más extendida: la crisis del IOSFA no fue inevitable, sino el resultado de decisiones que hoy están bajo la lupa por su posible impacto en el vaciamiento de la obra social.
