El Gobierno argentino decidió avanzar en una modificación profunda del régimen de propiedad intelectual aplicado al sector farmacéutico, flexibilizando las condiciones para el otorgamiento de patentes. La medida se implementó a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Salud y Economía junto con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
El cambio central consiste en la derogación de una normativa vigente desde 2012, que establecía criterios más estrictos para evaluar qué invenciones podían ser patentadas en el área de medicamentos. Esa regulación limitaba, por ejemplo, la posibilidad de patentar variantes de sustancias ya conocidas, como nuevas formas cristalinas (polimorfos), sales o segundas indicaciones terapéuticas.
A partir de ahora, el INPI recupera la capacidad de analizar cada solicitud de patente caso por caso, aplicando únicamente los criterios generales de la Ley de Patentes:
- Novedad
- Actividad inventiva
- Aplicación industrial
Esto implica que ya no existirán restricciones específicas para el sector farmacéutico, lo que en la práctica abre la puerta a una mayor cantidad de patentes aprobadas.
Además, el Gobierno sostiene que esta modificación alinea a la Argentina con los estándares internacionales de propiedad intelectual, especialmente en el marco de acuerdos comerciales con Estados Unidos.
Uno de los puntos más relevantes del cambio es su vínculo con la política exterior. Según funcionarios, la medida forma parte de compromisos asumidos con Estados Unidos, y busca facilitar la integración del país en mercados globales.
Desde el oficialismo argumentan que esta “normalización” permitiría que la industria farmacéutica argentina acceda a mejores condiciones en el mercado estadounidense, en un esquema de reciprocidad comercial.
Sin embargo, distintos análisis críticos —como el enfoque del artículo que compartiste— interpretan esta decisión como una concesión a los intereses de grandes laboratorios internacionales.
El Gobierno defiende la medida señalando varios beneficios:
- Mayor innovación: al fortalecer la protección de patentes, se incentiva la investigación y el desarrollo.
- Llegada de nuevos medicamentos: se espera que tratamientos innovadores ingresen más rápido al país.
- Seguridad jurídica: reglas más claras atraerían inversiones en el sector farmacéutico.
- Integración global: Argentina deja de tener un sistema considerado restrictivo frente a estándares internacionales.
También se aclaró que los medicamentos que ya están en el mercado no se verán afectados, ya que la norma no tiene efecto retroactivo.
Desde sectores críticos, se advierte que la flexibilización podría tener consecuencias negativas:
- Aumento de precios: más patentes pueden extender monopolios de laboratorios, reduciendo la competencia de genéricos.
- Menor acceso a medicamentos: si los precios suben, podría dificultarse el acceso para la población.
- Impacto en la industria local: laboratorios nacionales podrían quedar en desventaja frente a multinacionales.
- Dependencia externa: se refuerza el peso de empresas extranjeras en el sistema de salud.
Además, se cuestiona que la medida responda más a compromisos internacionales que a una política sanitaria centrada en el interés público.
En términos generales, la decisión implica un giro importante en la política de salud y producción farmacéutica en Argentina. Se abandona un esquema más restrictivo —que priorizaba limitar la patentabilidad para favorecer la competencia— y se adopta otro más alineado con la lógica global de protección de la propiedad intelectual.
El resultado concreto de este cambio dependerá de cómo evolucione el mercado en los próximos años: si efectivamente se traduce en más innovación y acceso, como sostiene el Gobierno, o si, como advierten las críticas, termina consolidando posiciones dominantes y encareciendo los medicamentos.
Fuente: Motor Economico
