El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció tras la confirmación de la identidad de doce personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron hallados en las excavaciones realizadas en el predio cercano al excentro clandestino de detención La Perla.
A través de un mensaje público, el mandatario destacó la importancia del trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial, a quienes felicitó por su labor sostenida en la identificación de víctimas del terrorismo de Estado.
Las identificaciones corresponden a restos óseos encontrados en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera, un lugar señalado como posible sitio de enterramientos clandestinos durante la represión ilegal.
Este hallazgo forma parte de una investigación que lleva años y que se sostiene gracias al trabajo conjunto entre la Justicia, equipos científicos y organismos de derechos humanos. Cada identificación implica un paso más en la reconstrucción de lo ocurrido durante la dictadura y en la restitución de la identidad de las víctimas.
En ese sentido, Llaryora fue contundente:
“Estas identificaciones representan un nuevo avance en el camino de la memoria, la verdad y la justicia”, reafirmando el valor político y social de estos procesos.
El gobernador también hizo hincapié en el impacto que estas identificaciones tienen en los familiares de las víctimas, quienes durante décadas sostuvieron la búsqueda de sus seres queridos.
Según expresó, este tipo de avances resulta fundamental para que las familias puedan “comenzar a cerrar el doloroso paréntesis que se abrió hace 50 años con cada desaparición”, en referencia al largo proceso de incertidumbre que atravesaron.
La identificación de restos no solo aporta pruebas judiciales, sino que también permite recuperar historias, nombres y trayectorias de vida que el terrorismo de Estado intentó borrar.
Desde el Gobierno provincial reafirmaron el compromiso de continuar acompañando este tipo de investigaciones, destacando la importancia de sostener políticas públicas orientadas a la memoria y los derechos humanos.
Llaryora remarcó que la defensa de la democracia está directamente vinculada con el reconocimiento del pasado:
“No hay futuro posible sin verdad, no hay justicia sin memoria y no hay democracia plena si olvidamos lo que pasó”, señaló.
El pronunciamiento del gobernador se da en un contexto donde resurgen discursos que relativizan o niegan los crímenes de la dictadura. En ese marco, estas identificaciones adquieren un valor aún más profundo: constituyen pruebas concretas del accionar del terrorismo de Estado.
Cada avance científico y judicial no solo representa un logro individual para las familias, sino también una reafirmación colectiva de la memoria histórica en Argentina.
A pesar de este importante avance, las investigaciones siguen abiertas. Aún quedan cientos de personas desaparecidas por identificar, lo que mantiene vigente el trabajo de los equipos forenses y el reclamo de los organismos de derechos humanos.
Porque, como sostienen familiares y referentes del área, cada identificación no cierra la historia: la sigue escribiendo.
Fuente: La Nueva Mañana
