Un cambio legal impulsado por el Gobierno impacta en causas por evasión y genera fuertes cuestionamientos políticos y judiciales
La llamada “Ley de Inocencia Fiscal”, impulsada por el gobierno de Javier Milei y defendida por sectores libertarios como José Luis Espert, quedó en el centro de la escena tras un fallo judicial que benefició al empresario Lázaro Báez en una causa por evasión impositiva.
El episodio reavivó una discusión profunda: si la reforma representa una modernización del sistema penal tributario… o si, por el contrario, termina favoreciendo a grandes contribuyentes investigados por delitos económicos.
Qué cambió con la ley
El punto central de la normativa es la modificación de los montos a partir de los cuales la evasión fiscal se considera delito.
Con la nueva ley:
- La evasión simple solo es punible si supera los $100 millones por tributo y por año
- La evasión agravada se fija en más de $1.000 millones
Esto implica un salto muy significativo respecto a los valores anteriores, lo que deja fuera del ámbito penal a numerosos casos que antes eran investigados.
El efecto inmediato: sobreseimientos
A partir de este cambio, la Justicia comenzó a aplicar un principio clave del derecho penal: la retroactividad de la ley más benigna.
Es decir, si una nueva norma favorece al acusado, debe aplicarse incluso a hechos ocurridos en el pasado.
En ese marco, un tribunal dispuso el sobreseimiento parcial de Báez, sus hijos y otros imputados en una causa vinculada a deudas impositivas de su empresa Austral Construcciones.
La decisión se basó en que los montos investigados quedaron por debajo de los nuevos umbrales establecidos por la ley.
Una ley que impacta más allá de un caso
El caso Báez no es aislado.
Desde la implementación de la normativa, distintos tribunales comenzaron a revisar causas similares, lo que podría derivar en el cierre de numerosos expedientes por evasión fiscal en todo el país.
Esto genera un efecto concreto:
- Menos causas penales por evasión
- Mayor peso de sanciones administrativas
- Redefinición del rol del Estado en el control tributario
El argumento oficial
Desde el oficialismo sostienen que la ley busca actualizar montos que habían quedado desfasados por la inflación y evitar que el sistema judicial se ocupe de casos menores.
En esa línea, plantean que la reforma permite concentrar recursos en delitos más graves y mejorar la eficiencia del sistema penal.
Las críticas: ¿beneficio a grandes evasores?
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer.
Sectores opositores, especialistas y referentes políticos advierten que el cambio puede tener consecuencias regresivas, ya que:
- Reduce la persecución penal de delitos económicos
- Puede beneficiar a contribuyentes con mayor capacidad económica
- Genera un mensaje ambiguo sobre el cumplimiento fiscal
El hecho de que una figura como Báez —históricamente vinculada a causas de alto impacto— resulte beneficiada, amplifica aún más el debate.
Un debate que trasciende lo técnico
Lo que está en discusión no es solo un cambio en números.
Es una cuestión de enfoque:
- ¿El Estado debe endurecer o flexibilizar el control sobre la evasión?
- ¿Qué tipo de conductas deben ser consideradas delito?
- ¿Cómo se equilibra la eficiencia judicial con la equidad tributaria?
Entre la doctrina y la política
La ley también refleja una mirada ideológica.
El propio Milei ha sostenido en distintas oportunidades una visión crítica del sistema impositivo, lo que se traduce en políticas que buscan reducir la presión fiscal y modificar el rol del Estado.
En ese contexto, la “Inocencia Fiscal” aparece como una pieza más dentro de un modelo más amplio.
Un tema que recién empieza
El impacto de la ley todavía está en desarrollo.
A medida que más causas sean revisadas, el alcance real de la reforma quedará más claro. Pero algo ya es evidente: el debate no es solo jurídico.
Es político, económico y profundamente simbólico.
Porque cuando cambian las reglas sobre qué se considera delito… también cambia la relación entre el Estado, la ley y la sociedad.
Fuente: Infonews
