El gobierno argentino decidió otorgar el estatus de refugiado a un ciudadano brasileño simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro que fue condenado en su país a más de 13 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión generó una fuerte polémica tanto en Argentina como en Brasil y abrió un nuevo capítulo de tensión política en la región.
El beneficiado con la medida es Joel Borges Correa, quien había sido condenado por la Justicia brasileña a 13 años y seis meses de prisión por su participación en los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Ese día, miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron violentamente en las sedes del Congreso, el Palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal, en un intento de desconocer el triunfo electoral de Lula.
Tras ser declarado culpable por la Justicia de Brasil, Borges Correa se fugó y logró llegar a la Argentina. Según su propio relato, ingresó al país en abril de 2024 por la frontera con Misiones, evitando los controles migratorios debido a que ya pesaba sobre él un pedido de captura internacional.
En Argentina solicitó asilo político alegando que era víctima de persecución por sus ideas políticas. El pedido fue evaluado por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), organismo que depende del Poder Ejecutivo y que finalmente resolvió concederle el estatus de refugiado. Con esa decisión, quedó sin efecto el proceso de extradición que había sido impulsado por la Justicia argentina a pedido de Brasil.
Antes de la resolución del Gobierno, el juez federal Daniel Rafecas había ordenado su extradición para que cumpliera la condena en Brasil. Sin embargo, la concesión del refugio político cambió el escenario judicial y permite que Borges Correa permanezca en territorio argentino bajo protección del Estado.
La decisión provocó críticas de distintos sectores políticos y diplomáticos, ya que el hombre fue condenado por delitos vinculados al intento de desestabilización institucional en Brasil. Analistas consideran que el caso también tiene impacto en la relación bilateral entre ambos países y en el clima político regional, en un contexto de fuerte polarización entre los sectores cercanos a Bolsonaro y el gobierno de Lula.
En Brasil, el asalto del 8 de enero de 2023 fue considerado por la Justicia como un intento de golpe de Estado contra el nuevo gobierno. Cientos de participantes en los disturbios fueron detenidos y juzgados, mientras que algunos lograron huir a otros países, entre ellos Argentina.
La resolución que otorgó el estatus de refugiado a Borges Correa reavivó el debate sobre el uso del asilo político en América Latina y sobre los límites de esa figura cuando se trata de personas condenadas por delitos graves en sus países de origen.
Fuente: La Nueva Mañana
