La Justicia federal rechazó el pedido presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender artículos clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión representa un primer revés judicial para la estrategia del sindicalismo de frenar la aplicación de la nueva ley a través de los tribunales.
El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, que resolvió desestimar la medida cautelar solicitada por la central obrera. El reclamo buscaba suspender de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, recientemente promulgada, mientras se analizaba el fondo del planteo judicial.
La CGT había presentado un amparo contra el Estado nacional argumentando que esos artículos son inconstitucionales. En particular, cuestionó el traspaso de la Justicia laboral desde el ámbito nacional hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que —según el sindicalismo— podría afectar el funcionamiento del sistema judicial laboral y perjudicar a trabajadores y empleados judiciales.
Sin embargo, el magistrado consideró que no correspondía otorgar la cautelar en esta etapa del proceso. Entre los argumentos principales señaló que las medidas cautelares son excepcionales y que suspender la aplicación de la ley implicaría alterar el estado jurídico vigente antes de que exista una sentencia definitiva. Además, sostuvo que el pedido coincidía prácticamente con el objetivo final del amparo, lo que implicaría anticipar el resultado del juicio.
Otro punto clave del fallo es que el tribunal no encontró pruebas suficientes de que exista un “peligro en la demora”, uno de los requisitos legales necesarios para otorgar este tipo de medidas. Según el juzgado, la CGT no logró demostrar que la aplicación inmediata de la norma genere un daño irreparable que justifique suspenderla de manera urgente.
A pesar del rechazo de la cautelar, la causa judicial continúa su curso. El tribunal ordenó correr traslado al Estado nacional para que presente su defensa y las pruebas correspondientes en los próximos días. Esto significa que el debate sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados seguirá en la Justicia, aunque mientras tanto la reforma laboral continuará vigente.
Desde el sindicalismo adelantaron que seguirán impulsando acciones judiciales contra distintos aspectos de la reforma laboral, que ya generó fuertes tensiones entre el Gobierno y el movimiento obrero. La normativa, aprobada recientemente en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, introduce cambios profundos en el sistema laboral argentino y forma parte del programa de reformas económicas del oficialismo.
Fuente: Minuto Uno
