La presión sindical crece mientras el Senado se prepara para votar cambios que podrían redefinir derechos laborales históricos. Las bases reclaman una reacción contundente y advierten que, si la conducción no actúa, el conflicto puede desbordarla.
El clima social vuelve a tensarse en el mundo del trabajo. Diversos gremios de peso comenzaron a exigirle a la CGT la convocatoria urgente a un paro general de 36 horas para el momento en que el Senado trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La iniciativa oficial, que ya generó polémica desde su anuncio, es vista por amplios sectores sindicales como un retroceso profundo en materia de derechos y condiciones laborales.
La presión no surge solo desde dirigentes combativos o sectores opositores internos. Incluso organizaciones tradicionalmente alineadas con la conducción cegetista reconocen que el malestar en las bases crece día a día, alimentado por la pérdida de poder adquisitivo, la flexibilización de condiciones de trabajo y la percepción de que el ajuste recae casi exclusivamente sobre los trabajadores.
El planteo de un paro de 36 horas no es casual. Se trata de una medida más extensa que una huelga tradicional de 24 horas y busca mostrar capacidad de daño económico y político, obligando al Gobierno a negociar o, al menos, a pagar el costo de avanzar sin consenso social. La propuesta incluye movilizaciones, actos y protestas en todo el país, con epicentro en el Congreso.
Sin embargo, la decisión final está en manos de la conducción de la CGT, que hasta ahora ha mantenido una postura cautelosa. Puertas adentro, el debate es intenso: un sector teme que una medida demasiado dura termine fortaleciendo al Gobierno al presentar a los sindicatos como “corporaciones privilegiadas”, mientras otro advierte que la pasividad podría erosionar la legitimidad histórica de la central obrera.
En paralelo, el oficialismo apuesta a que la fragmentación sindical impida una reacción unificada. La estrategia parece orientada a aprobar la reforma antes de que el malestar social se transforme en una protesta masiva imposible de contener. El reloj político corre, y cada día sin definición aumenta la incertidumbre.
Mientras tanto, en fábricas, oficinas y comercios, la discusión ya está instalada. Trabajadores de distintos sectores ven la reforma como un punto de inflexión que podría impactar en indemnizaciones, estabilidad laboral y negociación colectiva. Para muchos, no se trata de una ley más, sino de un cambio estructural en el modelo laboral argentino.
⚠️ Cierre editorial
La pulseada que se abre no es solo entre el Gobierno y los sindicatos: es, sobre todo, una disputa por quién representa hoy el malestar social. Si la CGT no logra canalizar la bronca de sus bases, el riesgo no es únicamente político, sino también institucional. La historia argentina muestra que cuando los grandes actores intermedios pierden capacidad de contención, el conflicto se vuelve imprevisible.
La pregunta de fondo ya no es si habrá paro, sino quién pagará el costo de no hacerlo. Porque en tiempos de crisis, la inacción también es una decisión… y a veces la más cara.
