Están acusados de haber utilizado sustancias químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente.
“En 2011 estaba embarazada de mi segundo hijo, seguían fumigando y en ese momento no sé qué habrán tirado porque el aire se volvió irrespirable, el veneno estaba en mi casa, empecé a tener complicaciones, vómitos, mareos, se me quemaron las fosas nasales y la garganta, se me inflamó el cuerpo y finalmente falleció mi bebé”. Con estas palabras describió Sabrina del Valle Ortiz los padecimientos en carne propia por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino, que la llevaron a liderar una larga lucha y a convertirse en querellante del juicio oral y público que comenzó en la justicia federal de Rosario, junto a María Alejandra Bianco.
Los vecinos de Pergamino marcaron un antes y un después para los pueblos fumigados de Argentina, y finalmente la causa judicial iniciada en 2018 por la ONG Naturaleza de Derechos llegó a juicio el 4 de febrero. Este juicio tiene como antecedente el caso del barrio Ituzaingó anexo, cuando en 2012 fueron condenados un productor y un aeroaplicador por contaminación dolosa, en un proceso impulsado por las Madres de Ituzaingó. Ellas estuvieron presentes acompañando a Ortiz y a Bianco, quienes están patrocinadas por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana. El dato histórico es que por primera vez se imputa a funcionarios públicos como responsables de delito ambiental, daño a la salud y el ambiente. “Ellos están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado las fumigaciones”, explicó Cabaleiro a Página12. “Es un juicio histórico porque por primera vez la justicia federal aborda a fondo esta cuestión, que se da en todos los pueblos fumigados, porque están en el banquillo todos los eslabones de la cadena de responsabilidades: los productores que usan el veneno, los propietarios que consienten el uso de estas sustancias por lucro sin pensar en el daño que provocan a vecinos y vecinas, el ingeniero agrónomo que omite sus obligaciones profesionales deliberadamente y los funcionarios públicos que deben controlar y no lo hacen. En el debate vamos a demostrar que hay complicidades“, agregó.
El abogado Cabaleiro destacó que este proceso cuenta con una medida cautelar ambiental ya dictada, que consiste en la prohibición de fumigar a menos de 1095 metros de los barrios de todo Pergamino, y que obliga a entregar agua a los vecinos. “Hubo un embate del agronegocio para que se caiga la cautelar, que no lo lograron, y nosotros queremos que se extienda a todos los pueblos del interior de Pergamino y a las escuelas rurales”, apuntó.
Los imputados son seis productores agropecuarios –Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini y Cristian Taboada–, el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini. Están acusados por el uso de agrotóxicos y el perjuicio en el ambiente, en este proceso que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez de Cruz, con la intervención del fiscal federal Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, y la convocatoria de un par de centenares de testigos. Según resumieron ante este diario, la querella y el Ministerio Público pretenden quebrar la naturalización y exigir justicia ambiental, sin atajos como la probation o las compensaciones económicas, en el entendimiento de que no se trata de un hecho aislado sino de una violencia química.
“Basta de sacrificio humano”
En la segunda audiencia, Ortiz y Bianco contaron los daños que las fumigaciones provocaron en sus cuerpos, el de sus hijos y familiares. Ortiz, que además de perder un embarazo padeció un ACV, dijo: “Que les quede claro a esas empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega, el sacrificio humano y ambiental ya ha sido demasiado”. En otro tramo de su estremecedor testimonio, Ortiz manifestó que tuvo que hacer un largo recorrido de médicos hasta saber que ella y su familia estaban intoxicados por las fumigaciones, y lamentó que “los médicos de Pergamino tampoco hablan de esto”. En concreto visitó 14 instituciones médicas hasta que una profesional comprobó que su hijo, Ciro, tiene 120 veces más veneno de lo que su cuerpo puede resistir, su hija Fiamma tiene 100 veces más, y ella 50, además de otras sustancias neurotóxicas.
Entre los elementos probatorios de la contaminación, se detectaron en suelo 45 plaguicidas peligrosos para la salud, con predominancia de nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación (AMPA). En el agua se detectaron también 18 agrotóxicos, con mayor presencia de cinco de esos plaguicidas. Las afectaciones alcanzan al agua corriente que consume la población.
Durante una audiencia de más de dos horas, Ortiz describió: “Los problemas de salud míos, de mi pareja y mi hija empezaron en 2007. Culturalmente tenemos incorporado que el campo nos da de comer, que es el motor de la ciudad, es todo lo bueno. Hasta que se volvió no tan bueno. Las fumigaciones se hacían a 10 metros de mi casa, en zona urbana de Pergamino donde toda actividad agrotóxica está prohibida”. En forma pausada detalló que “el veneno se metía en mi casa cada vez que fumigaban, y si cerrábamos las ventanas seguíamos respirando veneno. Mi hija empezó con problemas respiratorios, empezó a desprenderse su piel. Recorrí muchos lugares para que alguien fuera a ver lo que pasaba. En ese momento no había regulación ni control del uso de agrotóxicos, pero aun no habiendo una ordenanza específica, por el código de zonificación no debería haberse practicado nunca la fumigación”. La testigo destacó que en varias oportunidades llamó llorando a los funcionarios Naranjo y Tocalini, que la ignoraron. Además, sus denuncias desaparecían misteriosamente.
A partir de su decisión de avanzar con una denuncia penal las cosas se complicaron. “Vivo en un núcleo sojero, hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio. Mi familia y yo hemos sufrido amenazas y atentados, amedrentamientos, mensajes a través de bidones vacíos de agrotóxicos, pero sentimos que hoy por primera vez la justicia nos escucha”, dijo en la puerta de los Tribunales de Rosario. Los imputados Roces y Cortese enfrentan cargos por amenazas contra Sabrina Ortiz y su familia.
También dio su testimonio María Alejandra Bianco, cuya familia enfermó por el consumo de agua contaminada con pesticidas. Su hijo mayor desarrolló púrpura trombocitopénica, lo que resulta en una caída abrupta en la cantidad de plaquetas; el menor, cáncer de tiroides y su marido falleció de cáncer en 2020. Ella nunca vivió en el campo, aun así encontraron agroquímicos en su cuerpo.
Las audiencias, la próxima será el 25 de febrero, pueden ser seguidas a través del canal de La Retaguardia
Fuente: Pagina 12
