El ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia Federal por presunta manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en una causa impulsada por diputados nacionales del bloque Unión por la Patria. La presentación judicial lo acusa de violación de deberes de funcionario público, falsificación de documento público, violación del secreto estadístico y manejo indebido de información confidencial.
La denuncia surge luego de declaraciones públicas del ministro en las que reveló conocer anticipadamente el índice de inflación correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial. Según los legisladores denunciantes, ese hecho constituiría una violación directa del secreto estadístico que protege la independencia del organismo encargado de elaborar los datos oficiales.
El núcleo del planteo judicial sostiene que ningún funcionario del Poder Ejecutivo puede acceder previamente a estadísticas elaboradas por el INDEC, ya que se trata de un organismo autárquico cuya información debe mantenerse bajo estricta confidencialidad hasta su publicación oficial.
Para los denunciantes, el acceso anticipado a esos datos compromete la transparencia del sistema estadístico nacional y abre interrogantes sobre la posible utilización política o económica de información sensible.
Además de la presunta filtración de datos, la presentación judicial solicita investigar si existió manipulación en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En particular, los legisladores cuestionan la decisión de frenar la implementación de una nueva fórmula de cálculo y una canasta actualizada que el organismo venía desarrollando desde hacía años.
Según la denuncia, la modificación o postergación de esa nueva metodología podría haber tenido impacto directo en la medición de la inflación, alterando la forma en que se registran los precios y su evolución.
El conflicto se vincula también con la salida del entonces titular del organismo, Marco Lavagna, quien dejó su cargo en medio de tensiones previas a la publicación del índice inflacionario. De acuerdo con la acusación, la disputa por la aplicación del nuevo sistema de medición habría sido uno de los factores determinantes en su renuncia.
Los diputados firmantes sostienen que la situación reviste gravedad institucional, ya que el sistema estadístico oficial constituye una herramienta clave para la elaboración de políticas públicas, decisiones económicas y evaluaciones del mercado.
Asimismo, advierten que cualquier intervención política en los datos compromete la credibilidad de las estadísticas nacionales tanto a nivel interno como internacional, afectando la confianza en los indicadores económicos del país.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y se encuentra en proceso de asignación por sorteo del juzgado interviniente. Se espera que el expediente avance en los próximos días con la definición del magistrado que llevará adelante la investigación.
En el plano político, el caso abre un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo y la oposición, en un contexto de fuerte debate sobre la transparencia de los indicadores económicos y la credibilidad de las mediciones oficiales.
La denuncia contra el ministro de Economía vuelve a poner en el centro del debate la independencia de los organismos técnicos del Estado y la confianza en las estadísticas públicas. En un contexto económico delicado, la credibilidad de los datos oficiales se vuelve un activo estratégico cuya legitimidad depende, fundamentalmente, de la transparencia institucional y del respeto a los mecanismos que garantizan su autonomía.
