El gobierno nacional reflotó la decisión de adquirir submarinos y lanchas a la francesa Naval Group, pese a los antecedentes judiciales y las investigaciones internacionales que pesan sobre el proveedor.
El gobierno nacional reactivó la compra de tres submarinos y cuatro lanchas por unos 2.000 millones de dólares a una empresa francesa sospechada de corrupción. A fines de noviembre de 2024, tras un encuentro bilateral entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron, Argentina avanzó en un principio de acuerdo para la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind destinadas a la Prefectura Naval. La operación, según informó Ámbito, prevé que la construcción de las unidades quede a cargo del astillero francés Naval Group, una empresa de capitales privados con participación mayoritaria del Estado francés.
La definición generó malestar en la industria naval local, no solo por la falta de participación de astilleros nacionales en el proceso productivo, sino también por el historial de denuncias internacionales que arrastra la firma francesa. Sin embargo, cuando el proyecto parecía quedar en suspenso, fue el propio Milei quien volvió a instalar el tema en la agenda pública al afirmar ante la prensa extranjera que la decisión política de avanzar con la compra ya estaba tomada.
El anuncio se produce en un contexto particular, dado que desde el hundimiento del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017, la Armada Argentina carece de una fuerza submarina operativa. Tal como reconstruyó el periodista Julián Maradeo en el portal Ámbito, un aspecto que permanece prácticamente ausente del debate público es el extenso prontuario de denuncias por sobornos que involucran a Naval Group, y a sus denominaciones anteriores desde finales del siglo XX hasta la actualidad.
A lo largo de los años, la empresa fue señalada en investigaciones judiciales y periodísticas por presuntos hechos de corrupción en contratos militares firmados con países como Pakistán, Malasia, India y Brasil. En la mayoría de los casos, las acusaciones apuntaron al pago de coimas a funcionarios públicos y a la utilización de intermediarios para direccionar licitaciones. Ese historial llevó a que en 2017 la compañía encabezara el Ranking de Corrupción Militar elaborado por el Compendium of Arms Trade Corruption del Fletcher School de la Universidad de Tufts, en un informe realizado para la World Peace Foundation.
Consultado por el portal Ámbito en su momento, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, no respondió sobre los motivos que llevaron a elegir al astillero francés para la eventual construcción de las lanchas OPV. La falta de explicaciones se mantiene hasta hoy, quien la sucedió en el cargo, Alejandra Monteoliva, formaba parte del mismo equipo de conducción. En paralelo, se presentó una denuncia por una presunta licitación direccionada.
Además, sobre la exministra de Seguridad y actual senadora pesa un antecedente reciente. En noviembre de 2024, la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la compra directa de cuatro lanchas al astillero Israel Shipyards, realizada durante su gestión, tanto por el sobreprecio como por la opacidad del procedimiento. Según el organismo de control, la operatoria se apartó de la normativa vigente y no permitió evaluar la razonabilidad del gasto público. A fines de 2025 el gobierno nacional aprobó el financiamiento para la adquisición directa de cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de euros, mediante un préstamo del Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, tal como consta en el decreto 924, emitido el 26 de diciembre de ese año.
Fuente: Politica Argentina
