Decisiones judiciales recientes reavivan las denuncias de lawfare, persecución selectiva y doble vara. El Gobierno habla de independencia; la oposición denuncia una Justicia alineada con el poder económico y mediático.
La política argentina volvió a encontrar en la Justicia un nuevo escenario de disputa central. En los últimos días, fallos, procesamientos, demoras y sobreseimientos en causas de alto impacto político reavivaron una vieja discusión: ¿la Justicia actúa con independencia o responde a intereses de poder?
Desde sectores opositores denuncian una selectividad evidente en el avance de causas judiciales. Mientras algunos expedientes se aceleran con una velocidad inusual, otros permanecen congelados durante años sin explicación clara. La sensación de “doble vara” se instaló nuevamente en la opinión pública, profundizando la desconfianza ciudadana en el sistema judicial.
El Gobierno nacional rechaza esas acusaciones y sostiene que, por primera vez en décadas, el Poder Ejecutivo no interfiere en decisiones judiciales. Funcionarios aseguran que los jueces ahora actúan sin presiones políticas y que las causas avanzan “cuando hay pruebas”. Sin embargo, esa versión no logra cerrar para amplios sectores sociales y políticos.
Juristas y constitucionalistas advierten que el problema va más allá de un gobierno u otro: señalan una crisis estructural del Poder Judicial, marcada por falta de transparencia, lentitud extrema, vínculos con sectores económicos concentrados y escaso control democrático. En ese marco, cualquier fallo relevante es leído en clave política.
El concepto de lawfare —la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política— vuelve a aparecer con fuerza en el debate público. Referentes opositores sostienen que la Justicia sigue siendo un actor político no electo, capaz de condicionar gobiernos y procesos democráticos sin rendir cuentas.
Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el impacto institucional de esta desconfianza. “Cuando la gente deja de creer en la Justicia, se resiente toda la democracia”, advierten especialistas, que reclaman una reforma judicial profunda, aún ausente de la agenda oficial.
Dentro del Congreso, algunos bloques impulsan proyectos para modificar el funcionamiento del sistema judicial, revisar el rol de los jueces federales y transparentar los procesos disciplinarios. El oficialismo, en cambio, evita abrir ese debate, argumentando que cualquier intento de reforma puede interpretarse como presión política.
Así, la grieta que durante años atravesó la política, la economía y los medios se traslada ahora de lleno a los tribunales. Cada fallo se convierte en munición para uno u otro bando, mientras la Justicia pierde algo aún más valioso que poder: credibilidad social.
En un país atravesado por crisis recurrentes, la gran pregunta que queda flotando es si el sistema judicial podrá recuperar legitimidad o si seguirá siendo otro campo de batalla en una Argentina cada vez más polarizada.
