Un juez argentino solicitó formalmente la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos por supuestos crímenes de lesa humanidad. Organizaciones de derechos humanos celebran, pero analistas advierten que esto puede tensar relaciones internacionales.
Un juez federal argentino presentó una solicitud formal de extradición contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y conspiración en ese país. La medida argumenta la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y violaciones sistemáticas a derechos humanos durante su mandato.
La acción judicial, solicitada por organizaciones de víctimas venezolanas establecidas en Argentina, se basa en tratados internacionales y la doctrina de jurisdicción universal, que permite perseguir crímenes atroces independientemente de dónde se cometan. La presentación del caso lleva la firma del juez Sebastián Ramos, y pone a Argentina en una posición destacada en el plano internacional de derechos humanos.
El Gobierno nacional, que ha respaldado la operación que llevó a Maduro a ser detenido en EE. UU., emitió comunicados de apoyo a la causa, destacando la importancia de justicia global y responsabilidad por violaciones sistemáticas de derechos. Sin embargo, expertos en relaciones exteriores advierten que esta movida podría tensar aún más las relaciones diplomáticas en la región, sobre todo si se percibe como una injerencia en la soberanía de un país vecino.
Organizaciones de derechos humanos argentinas salieron a las calles a celebrar, calificando la extradición como un hito histórico en la lucha contra la impunidad, mientras sectores de la comunidad internacional observan con atención los posibles efectos jurídicos y políticos a largo plazo.
Analistas consultados señalan que, si bien la extradición efectiva es poco probable debido a las complejidades del sistema judicial estadounidense, la medida marca un precedente inédito al vincular a un ex jefe de Estado extranjero con el sistema penal argentino por crímenes de lesa humanidad.
