Mientras el Indec prepara el dato de inflación de enero, el Gobierno frenó la actualización metodológica del índice de precios. Opositores gritan “manipulación estatística”; economistas alertan riesgo de distorsión de cifras de bolsillo.
El Gobierno nacional decidió postergar indefinidamente la implementación del nuevo mecanismo de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a días de que se publicara el dato de enero. Según fuentes del organismo, el cambio buscaba adaptar la canasta a patrones de gasto más actuales, pero la administración argumentó que hacerlo en el actual contexto de “desinflación” podría generar especulación e interpretaciones erróneas en los mercados.
La polémica estalló de inmediato en redes, medios y en la oposición: legisladores de distintos bloques acusaron al Poder Ejecutivo de intentar ocultar la verdadera dinámica inflacionaria, acusación que ya resuena con fuerza en sectores sociales críticos del gobierno. El Indec —dependiente del Estado— ahora mantendrá una fórmula de cálculo que se basa en patrones de consumo con más de dos décadas sin actualizarse, un factor que, según economistas, subestima el impacto real de aumentos en servicios básicos y alimentos.
Sectores técnicos recuerdan que el IPC se usa como referencia para salarios, jubilaciones, alquileres y tarifas, por lo que una metodología desactualizada puede afectar directamente los acuerdos inflacionarios y la vida diaria de millones de hogares. Además, el nuevo cálculo habría incrementado el peso de rubros como vivienda y transporte, elementos sensibles para la ciudadanía.
La fecha de publicación de la inflación de enero se mantiene para el martes 10 de febrero, aunque ahora se hará con la fórmula tradicional, generando aún más dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales. La presidenta de un conocido centro de estudios privado expresó que muchos argentinos sienten que la inflación en su bolsillo es mucho mayor a la reportada por el Gobierno, una brecha que puede terminar siendo política.
Una consultora independiente ya señaló que, con la nueva metodología, la inflación podría casi duplicar la meta oficial del 10,1% para 2026, una cifra que el Ejecutivo prefiere evitar en su narrativa pública. Este lunes la polémica seguirá dominando la agenda mientras el país mira de reojo el cruce entre estadística y política.
