El fuego que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada se expandió por miles de hectáreas de bosque, obligó a evacuaciones masivas y dejó un operativo judicial complejo para determinar quiénes lo provocaron. La principal hipótesis apunta a que el incendio fue deliberado y aún se busca identificar a los responsables.
A casi **50 días del inicio de los devastadores incendios forestales en la provincia de Chubut, la Justicia provincial continúa investigando cómo se desencadenó el fuego que arrasó decenas de miles de hectáreas en la cordillera patagónica, especialmente en zonas como Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo —un desastre que se volvió uno de los más graves de las últimas décadas en la región.
Aunque en las últimas semanas se reportó la extinción de varios focos y el trabajo intenso de brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, todavía hay puntos ígneos activos y un fuerte operativo de contención debido a que las condiciones climáticas —altas temperaturas, sequía histórica y vientos intensos— siguen propiciando el avance de las llamas.
Avance judicial: indicios de intencionalidad y búsqueda de responsables
La investigación judicial está encabezada por el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, quien ha señalado que hay indicios de que el fuego fue provocado de manera “deliberada” y no como un incendio puramente fortuito o natural. Peritos detectaron rastros de combustible en el punto donde se originó el siniestro, lo que alimenta la hipótesis de una acción humana con intención de generar el fuego.
El fiscal también confirmó que el fuego comenzó en un paraje equidistante entre El Oso y Puerto Patriada, un área sin actividades recreativas o campamentos, lo que complica la posibilidad de que se trate de un accidente común. La fiscalía trabaja con herramientas como cámaras de seguridad, registro de antenas de telefonía y testimonios para reconstruir quiénes estuvieron en el lugar y bajo qué circunstancias se desató el incendio.
El avance judicial es lento y genera frustración incluso dentro de la propia fiscalía, ya que —aunque existen indicios de intencionalidad— hasta el momento no se han identificado con certeza a los responsables ni se ha formulado una acusación penal concreta.
Descartes de hipótesis y amenazas de penas severas
Si bien circuló en redes y medios la idea de que grupos mapuches o turistas extranjeros habrían iniciado los fuegos, el fiscal Díaz Mayer y las autoridades judiciales han descartado esas versiones como parte de la investigación oficial. Lo que se investiga, más bien, es una serie de elementos ligados a la presencia humana en el inicio del foco que no responden a causas naturales.
En ese sentido, el fiscal también advirtió que, si se logra identificar a quienes provocaron el incendio de forma deliberada, la pena por un hecho de esta naturaleza podría alcanzar hasta 20 años de prisión, dada la enorme devastación ecológica, social y económica que generó el siniestro.
Un desastre ambiental y social sin precedentes
Los incendios en Chubut y zonas de la Patagonia argentina siguen siendo una de las grandes tragedias ambientales de este verano, con decenas de miles de hectáreas consumidas, comunidades evacuadas y el riesgo continuo de que el fuego se reactive. El fenómeno también está marcando un debate sobre las capacidades del Estado para prevenir y combatir incendios forestales en contextos de sequía extrema y olas de calor, y sobre cómo se puede evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a repetirse.
