El gobierno oficializó la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias, con un eje central muy controvertido: reducir la edad mínima para que menores puedan ser juzgados penalmente. El asunto promete un intenso debate en el Congreso.
El gobierno nacional oficializó este martes la incorporación del proyecto de Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que tendrán lugar entre el 2 y el 27 de febrero. La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El punto más sensible de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad penal, es decir, el mínimo de edad a partir del cual un menor puede ser juzgado como responsable por un delito. Actualmente, ese piso está fijado en 16 años, y la propuesta oficial plantea ubicarlo entre 13 y 14 años para delitos graves, como parte de un nuevo régimen penal juvenil.
Qué propone el proyecto
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia con el aval de otras carteras estatales, busca reemplazar la actual Ley de Minoridad, vigente desde décadas atrás, y crear un régimen penal juvenil moderno con los siguientes ejes:
- 📌 Reducir la edad de imputabilidad para que adolescentes puedan ser juzgados penalmente por hechos graves. Oficialismo y comisión parlamentaria estuvieron discutiendo límites entre 13 y 14 años.
- 📌 Actualizar el sistema penal para adolescentes, dejando atrás normas consideradas desfasadas.
- 📌 Incluir la reforma dentro de una revisión mayor del Código Penal, con penas más estrictas y la incorporación de tipificaciones modernas de delitos (narcotráfico, ciberdelitos, trata de personas, etc.).
Los defensores de la iniciativa argumentan que el régimen actual “deja sin respuesta judicial a hechos de extrema violencia” cometidos por menores y que limita la actuación de jueces y fiscales, contribuyendo a una sensación de impunidad.
Reacciones y tensiones públicas
La inclusión del tratamiento del régimen penal juvenil en las sesiones extraordinarias encendió un fuerte debate político y jurídico. Sectores de la oposición y expertos en derechos humanos denunciaron que no existe una “necesidad acuciante” para bajar la edad de imputabilidad y alertaron sobre los riesgos de vulnerar derechos de adolescentes y reproducir enfoques punitivistas.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez incluso afirmó que una reducción de la edad penal podría constituir una regresión respecto a estándares previos e incluso resultar más dura que lo que proponía la legislación durante la última dictadura militar.
Un debate que marca la agenda legislativa
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad se sumó a una agenda legislativa ya cargada, que incluye reformas en áreas como el Código Penal, la reforma laboral y otros proyectos impulsados por el gobierno. El debate en extraordinarias, programado para iniciarse en pocos días, promete ser uno de los más polémicos del año político y a la vez un termómetro de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores sociales, académicos y de derechos humanos.
