El Ejecutivo nacional dio un paso más en su estrategia de reforzar el control de fronteras y política migratoria, con el inminente nombramiento de Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que algunos sectores ya empiezan a bautizar como un “ICE argentino”.
La medida —que el Gobierno terminaría de oficializar en los próximos días con la firma del decreto correspondiente— busca centralizar en un solo organismo las funciones de vigilancia de pasos fronterizos, regulación de flujos migratorios y deportación de personas que cometan delitos en el país.
Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y figura con fuerte respaldo dentro de La Libertad Avanza, fue elegido por el presidente Javier Milei y la senadora nacional Patricia Bullrich para encabezar este nuevo organismo, que dejaría su sello propio en la política migratoria.
Aunque la estructura formal todavía está en ajustes técnicos, el enfoque del organismo será la “administración integral” de las fronteras terrestres, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado y la expulsión de extranjeros que cometan delitos, según fuentes oficiales.
La creación de la Agencia de Seguridad Migratoria representa un cambio respecto del esquema actual, en el que la Dirección Nacional de Migraciones —cuyo personal asciende a unos 2.000 agentes distribuidos en pasos fronterizos, aeropuertos y puestos administrativos— realiza las tareas de control migratorio sin fuerzas propias armadas ni competencias reforzadas.
Uno de los debates internos que todavía está en discusión es si la nueva agencia contará con una fuerza propia de carácter armado, lo que podría reducir la intervención de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas federales, y marcaría un salto en la conducción de la política de fronteras.
El nombramiento de Valenzuela se da en medio de tensiones dentro del oficialismo sobre la conformación y alcance del organismo, una señal de que el diseño de la política migratoria no ha estado exento de disputas internas, aunque hoy parece encaminarse hacia su implementación definitiva.
Con este avance, el Gobierno busca dar una respuesta contundente a las preocupaciones por el control fronterizo y la seguridad migratoria, y al mismo tiempo dar un sello propio a una cuestión que ha estado en el centro de debates políticos y mediáticos en los últimos meses.
