Mientras el Gobierno necesita leyes para sostener su programa, los gobernadores negocian recursos y el Congreso se convierte en el verdadero campo de batalla política.
El Congreso Nacional volvió a ser escenario de una rosca intensa y silenciosa. Cada proyecto económico enviado por el Ejecutivo llega acompañado de negociaciones cruzadas con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas que miden cada voto en función de sus territorios.
La falta de mayorías propias obliga al oficialismo a ceder, negociar o postergar iniciativas clave. En ese juego, los gobernadores aparecen como actores centrales, presionados por la crisis fiscal de sus provincias y por el impacto social del ajuste.
Fuentes parlamentarias reconocen que muchas decisiones se toman más en despachos cerrados que en el recinto. Obras paralizadas, deudas previsionales y fondos coparticipables son moneda de cambio en un Congreso cada vez más fragmentado.
Desde la oposición advierten que el Ejecutivo gobierna por presión financiera más que por consenso político. La amenaza del ajuste sobre las provincias funciona como disciplinador, incluso entre aliados circunstanciales.
Analistas políticos señalan que esta dinámica erosiona la institucionalidad y profundiza la desconfianza social en la política. Sin debate público real, las decisiones se perciben como alejadas de las necesidades concretas de la población.
La rosca sigue, pero el costo político y social comienza a acumularse.
