Una presentación judicial cuestiona una votación nocturna, fuera del temario oficial, y abre un frente institucional en el Congreso.
Las claves
- Ritondo presentó un amparo para anular la resolución 7018-D-2025
- La designación de auditores ocurrió a las 02:55 y no figuraba en extraordinarias
- El PRO denuncia violaciones constitucionales y reglamentarias
- El reclamo pide frenar la asunción de Almada, Forlón y Calletti
- El episodio expuso tensiones entre LLA, el PRO, el kirchnerismo y gobernadores
Una madrugada que terminó en la Justicia
El diputado nacional Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, presentó una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. Esa norma formalizó la designación de tres auditores generales en la Auditoría General de la Nación (AGN): Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.
La presentación judicial, patrocinada por la abogada Tiziana Díaz, solicita además una medida cautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones hasta que exista una sentencia definitiva. El eje del planteo gira en torno al modo y al momento en que se votaron los nombramientos, durante la madrugada del 18 de diciembre, en una sesión especial de la Cámara baja.
La moción sorpresiva y el retiro del recinto
Según el escrito, “a las 02:55 am del día 18 de diciembre”, cuando aún restaban asuntos incluidos en el orden del día, el diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, tomó la palabra y formuló una moción inesperada para designar a los auditores. El planteo no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo.
Desde el PRO sostuvieron que la moción se realizó “SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO”, sin dictamen previo de comisión, sin acuerdo en Labor Parlamentaria y sin debate parlamentario. Frente a esa situación, el interbloque Fuerza del Cambio y otros sectores opositores se retiraron del recinto para no convalidar lo que calificaron como un acto irregular.
Ritondo ya lo había advertido en el recinto: “la designación de miembros de AGN no se puede tratar, es anticonstitucional”.
Los argumentos constitucionales del amparo
El recurso presentado ante la Justicia sostiene que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no cuenta con facultades para incorporar temas por iniciativa propia. El temario, remarca el escrito, constituye una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, tal como surge del artículo 63 de la Constitución Nacional.
El amparo también subraya que la Auditoría General de la Nación es “un órgano extrapoder de rango constitucional”, establecido en el artículo 85, con autonomía funcional y rol central en el control externo del Estado. Por ese motivo, la designación de sus autoridades no puede considerarse un asunto interno ni una cuestión de privilegio parlamentario.
En el documento se afirma que “el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una mera exigencia ritual”, sino una garantía para que las minorías parlamentarias ejerzan de manera efectiva su representación.
Acuerdos cruzados y tensiones políticas
Dentro del PRO reconocen que esperaban ocupar uno de los lugares en la AGN con Jorge Triaca. Esa posibilidad quedó desplazada tras un entendimiento parlamentario que, según distintas fuentes, involucró a Martín Menem, sectores del kirchnerismo y gobernadores del norte del país.
La designación incluyó perfiles vinculados a distintos espacios políticos:
- Rita Mónica Almada, asociada a La Libertad Avanza
- Juan Ignacio Forlón, identificado con el kirchnerismo
- Cinthia Pamela Calletti, cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz
Desde el entorno de Ritondo afirmaron que “lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”.
Qué pide el PRO a la Justicia
El amparo solicita de manera concreta:
- Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025
- Dictar una medida cautelar urgente que impida a los auditores asumir o actuar
- Restituir el estado institucional previo a la votación cuestionada
En el escrito también se menciona que los auditores designados prestaron juramento, lo que para el PRO implicó “completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional”.
El caso ahora queda en manos del Poder Judicial, que deberá resolver si la votación nocturna y fuera de temario vulneró las reglas constitucionales que rigen el funcionamiento del Congreso y de la Auditoría General de la Nación.
Fuente: Info News
