En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional Argentina advierte sobre la profundización del desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género en el país.
Según la organización, “los recortes, la eliminación de programas clave y la ausencia de presupuesto específico agravan un escenario crítico”, en una Argentina donde, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la Nación, ocurre un femicidio cada 35 horas.
Desde diciembre de 2023, bajo la gestión de Javier Milei, se ha desarticulado sistemáticamente instituciones y programas orientados a garantizar y proteger los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. Por primera vez en casi cuatro décadas, “la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género, lo que deja a miles de personas sin contención, acompañamiento ni protección estatal”.
El informe señala que el presupuesto para los principales programas destinados a prevenir y atender la violencia de género “se redujo en un 89% desde 2023 y se eliminaron 13 programas claves, entre ellos los de apoyo urgente frente a violencias extremas por motivos de género y el Programa Acercar Derechos (PAD), un dispositivo clave para garantizar el acceso a la justicia”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó: “Lo que pasa en Argentina no es un caso aislado: forma parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances en los derechos de las mujeres y diversidades. […] Estos retrocesos no son accidentales: responden a una agenda internacional que quiere borrar conquistas que costaron décadas”.
Retroceso en políticas específicas
La línea 144, creada para atender a mujeres en situación de violencia de género, fue transformada en un servicio genérico, “lo que desdibuja su especificidad como política pública diseñada para abordar la violencia de género contra las mujeres”. Además, la línea perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y en el proyecto de presupuesto 2026, se eliminó su partida específica.
El Programa Acompañar, que brindó ayuda económica y apoyo a 350.000 mujeres desde 2020, atraviesa una situación crítica: “su alcance se redujo, se restringieron las condiciones de acceso y su presupuesto cayó un 90% en 2024 respecto del año anterior”.
Barreras a derechos sexuales y reproductivos
Hay un alarmante aumento de barreras para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE): “la organización recibió el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024”. La distribución de métodos anticonceptivos y tests de embarazo “cayó un 81% entre 2023 y 2024”, mientras que el Plan ENIA fue desmantelado y para 2026 quedó sin financiamiento.
Violencia digital y hostigamiento a periodistas
El informe resalta el aumento de violencia de género en entornos digitales, expulsando voces del debate público e intensificando los ataques contra “periodistas, voceras y comunicadoras”. Se menciona especialmente la situación de Julia Mengolini, quien denunció una campaña de difamación y violencia digital amplificada desde altas esferas del poder. Lucila Galkin, directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, puntualizó: “Cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas: insultos sexualizados, ridiculización física y amenazas a la familia”.
Argentina, ante el escrutinio internacional
En 2026, el país deberá rendir cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW). Amnistía alerta por el “riesgo de incumplir compromisos internacionales” debido a los recortes, la falta de políticas efectivas y el desmantelamiento de estructuras de atención.
Fuente: Info News
