La primera edición, hace 19 años, denunció los asesinatos de la Policía de Córdoba. Este jueves, a las 18, arranca desde la esquina de Colón y Cañada y aglomera los reclamos de distintos sectores que padecen violencia institucional.
“La Marcha de la Gorra unifica los reclamos de familiares de víctimas de violencia policial o de gatillo fácil, de las mujeres asesinadas, de la comunidad LGBT y de la gente de barrios populares que son hostigadas todo el tiempo”, dice Guillermo Castro, el papá de Ezequiel, un joven que falleció luego de ser detenido arbitrariamente.
Desde el 2007, la movilización recorre las calles de Córdoba denunciando la violencia y los asesinatos de la Policía de Córdoba y las muertes en las cárceles de la provincia. Este jueves, la concentración cumple 19 años. Comienza a las 18 en la avenida Colón y La Cañada.
Castro expresa a La Nueva Mañana que a lo largo de estás casi dos décadas, se sumaron otras marchas que también apuntan contra la Fuerza provincial, como la de salud mental y el reclamo contra el gatillo fácil.
“Este año hubo muchos cambios en la cúpula policial y en el servicio penitenciario, sin embargo, los asesinatos siguen sucediendo y las denuncias por corrupción también”, lamenta Guillermo.
Actualmente, la denuncia alude a “todas las formas de represión que despliega el aparato del Estado”, como femicidios, asesinatos y torturas bajo custodia, fusilamientos por gatillo fácil, violencia intrafamiliar, desapariciones en democracia y otros delitos policiales. En un contexto marcado por una fuerte avanzada contra los derechos humanos, la lucha antirrepresiva ocupa las calles.
“Aire en el destrozo”
En esta edición, bajo el lema “Aire en el destrozo”, se reencontraran organizaciones de derechos humanos, estudiantes, jóvenes de distintos puntos de la ciudad, personas que sostienen comedores populares y allegados de víctimas de violencia institucional.
Guillermo destaca la potencia de la unión de diferentes sectores “más con este gobierno de turno donde está de moda la vulneración de todo derecho” y enumera: “Milei está contra el feminismo, la educación, la salud y las fuentes de trabajo”.
“Creo que salir a visibilizar y denunciar es estratégico para ser escuchados”, señala y afirma que muchos ataques de uniformados no son denunciados por miedo a represalias. “Los allegados de una persona que sus derechos humanos fueron vulnerados, que fue golpeada, o torturada sienten temor de exponer la situación, porque son zonas adueñadas por la Policía”, argumenta.
Córdoba y la sobrepoblación carcelaria
Castro cuenta que a mitad de año la provincia de Córdoba fue denunciada ante la Corte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contexto de encierro.
“El hacinamiento en las cárceles, la medicación en exceso y los tratos crueles fueron registrados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura”, explica el entrevistado. Luego del informe que generó alarmas en los organismos de derechos humanos, presentaron un proyecto en la Legislatura para un mecanismo provincial que controle periódicamente las condiciones carcelarias. Si bien la normativa en un momento avanzó, finalmente quedó empantanada en las reuniones de comisión.
Ezequiel, todavía sin justicia
Ezequiel Castro tenía 21 años cuando fue detenido- en junio de 2022- a pocas cuadras de su casa. Estuvo al menos cinco días retenido en el Centro Psico Asistencial (CPA) y luego fue trasladado al Hospital Misericordia. Después de buscarlo por una semana, su familia lo halló en el sanatorio, con claras marcas de tortura. El joven falleció internado, con un cuadro de deshidratación severa y lastimaduras de golpes en todo el cuerpo.
La causa estuvo en manos de Jorgelina Gutiez durante tres años, sin ningún avance, hasta que Lorena Acuña y Guillermo Castro -madre y padre del chico- pidieron un cambio de fiscalía. El expediente pasó a la jurisdicción de Garzón, que también tiene en sus manos el caso de Matías Mariño, otro joven torturado en el CPA que permanece en estado vegetativo.
“Gutiez nunca trabajó para esclarecer qué le pasó a mi hijo, y perdió un montón de pruebas”, expone Guillermo refiriéndose a la fiscal que también es cuestionada por su accionar ante la denuncia de Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicida Pablo Laurta. La misma funcionaria judicial acumula quejas de otros familiares, por absolver y liberar uniformados acusados. Muchos de ellos después llegaron a juicio y fueron condenados, lo que mostró las fallas de Gutiez.
Cuando Garzón recibió el caso, rápidamente amplió las imputaciones, entre médicos del CPA y del Hospital Misericordia y policías, en total son 30 personas acusadas de intervenir la vida de Ezequiel. Ahora esperan el resultado de una pericia sobre el cuerpo del muchacho, que podrá establecer si murió por sobremedicación o por violencia física.
Fuente: LanuevaMañana
