“¿Dónde pedir ayuda? ¿Quién me atiende? ¿Qué hago si me niegan la atención?”. Estas son las preguntas que se multiplican en los testimonios que llegan a Amnistía Internacional. En 2025, las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto se dispararon: ya son el triple que en todo el año pasado.
El dato no es aislado. Llega en un contexto de enormes recortes en las políticas de salud sexual y reproductiva, interrupción en la compra de misoprostol y mifepristona -los medicamentos esenciales para garantizar abortos seguros-, y un vacío de información oficial que deja a mujeres y personas gestantes sin saber a dónde acudir.
El 60% de las denuncias apuntan a falta de información
Según la organización, casi el 60% de los reportes recibidos este año refieren a trabas para acceder a información clara y precisa. La falta de campañas públicas y las dificultades para comunicarse con la línea nacional de salud sexual muestran un claro escenario de vulneración de derechos.
“La ausencia de información pública es un obstáculo crítico. Muchas mujeres no saben qué hacer ni dónde acudir”, advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Obras sociales y prepagas, en la mira por trabas y malos tratos
El retroceso no se limita a la omisión del Estado. Obras sociales y empresas de medicina prepaga también se encuentran en el centro de las denuncias por dilaciones, malos tratos y falta de derivaciones adecuadas.
La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó que las principales trabas son demoras en autorizaciones, falta de información sobre la cobertura y derivaciones que nunca llegan. Incluso hubo multas millonarias a grandes prepagas por violar la Ley 27.610.
Sin datos oficiales, crece la opacidad del Estado
La opacidad agrava el panorama. Desde fines de 2023, el Estado dejó de publicar datos oficiales sobre la implementación de la ley. Sin estadísticas claras, las organizaciones sociales y de derechos humanos se convirtieron en el único termómetro de una situación que amenaza con profundizarse.
En este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional vuelve a encender la alarma: sin información ni políticas públicas activas, los derechos conquistados se convierten en promesas vacías. Y cada silencio estatal es un muro más que se levanta frente a quienes buscan ejercer su derecho a decidir.
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